Los jueces que resisten merecen el respaldo del país
Hay momentos en que las instituciones se ponen de pie y dicen basta. El martes 11 de agosto, los presidentes y presidentas de todas las Cortes Superiores de Justicia del Perú suscribieron un pronunciamiento unánime en salvaguarda de la autonomía jurisdiccional. Lo hicieron en respuesta directa a las denuncias que actores políticos con representación parlamentaria han venido interponiendo ante la Junta Nacional de Justicia contra magistrados que ejercieron su función de juzgar con apego a la Constitución y a los tratados internacionales.
El documento lleva decenas de rúbricas de cortes de Lima, Arequipa, Cusco, Junín, La Libertad, Puno, Huánuco y otras regiones del país. Es la señal más amplia y más contundente que la judicatura ha emitido en años sobre su disposición a mantenerse firme frente al asedio.
Lo que ese pronunciamiento afirma merece leerse con detenimiento. El artículo 139 inciso 2 de la Constitución prohíbe que cualquier autoridad o actor político interfiera en el ejercicio autónomo de la función jurisdiccional. La Ley de la Carrera Judicial y el Código de Ética son igualmente categóricos al afirmar que ningún magistrado puede ser objeto de sanción o amedrentamiento en razón del sentido de sus resoluciones. Quien discrepa de una decisión tiene el camino de los recursos procesales y las instancias de apelación. Eso es lo que el Estado de derecho establece y lo que algunos operadores políticos han preferido soslayar.
El contexto que rodea este pronunciamiento es el que este diario ha venido documentando. La JNJ procesó disciplinariamente a los integrantes de la Sala Penal Transitoria por aplicar tratados internacionales de derechos humanos. Al respecto, el senador Rospigliosi, de Fuerza Popular, denunció ante ese mismo organismo a la fiscal especializada en Derechos Humanos por investigar a un sentenciado por crímenes del Grupo Colina. Y el capitán implicado en el caso Colcabamba presentó una queja contra el magistrado que dictó su prisión preventiva. La lógica es instrumentalizar los mecanismos de control para intimidar a quienes cumplen su labor.
Los jueces peruanos acaban de dejar constancia con sus firmas de que esa lógica tiene un límite. La administración de justicia responde a la Constitución, a las leyes y a los tratados internacionales, y a ningún otro interés. Esa afirmación, avalada por las cortes de todo el territorio, merece el respaldo de cada ciudadano que comprenda que la autonomía judicial es una garantía colectiva. Mientras la resistencia continúa, estas páginas editoriales se suman a ese compromiso republicano.