La dignidad del Poder Judicial, por Julissa Mantilla

En 1997, los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) Manuel Aguirre Roca, Guillermo Rey Terry y Delia Revoredo Marsano fueron destituidos por el Congreso debido a su posición sobre la denominada ley de “interpretación auténtica” (Ley 26657), referida a la reelección presidencial de Alberto Fujimori. El caso llegó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que en su sentencia del 2001 señaló que era necesario que se garantizara la independencia de cualquier juez en un Estado de Derecho y que el Poder Legislativo no reunía las condiciones necesarias de independencia e imparcialidad para realizar el juicio político contra los magistrados del TC.

Hoy, la historia parece repetirse con la persecución que a diario sufren los jueces y juezas que deciden inaplicar “el marco normativo de la impunidad” que incluye -por ahora- la ley de prescripción de los crímenes de lesa humanidad, la ley de amnistía para violadores de derechos humanos y la ley que amplía la noción de delito de función para que el fuero militar policial asuma competencia ante posibles violaciones de derechos humanos.

 Correctamente, el Poder Judicial está aplicando la doctrina del control de convencionalidad establecida en la jurisprudencia interamericana, la cual fue empleada en 1995 por la jueza Antonia Saquicuray para impedir la aplicación de las leyes de amnistía que el Congreso aprobó para proteger a los violadores de derechos humanos. En la sentencia Barrios Altos vs. Perú (2001), la Corte IDH le dio la razón a la valiente jueza.

 Por ello, es muy importante que la Dra. Janet Tello, presidenta del Poder Judicial, haya reiterado que la destitución de los jueces porque una autoridad discrepa de sus decisiones y su criterio jurisdiccional, eliminaría la independencia judicial, poniendo en riesgo la democracia y la Constitución.

 Hoy numerosos jueces y juezas ponen su carrera en riesgo para cumplir con su rol, en un acto de dignidad y decencia encomiable, algo difícil de comprender para quienes, hace tiempo, decidieron subordinar los principios a sus intereses y acomodos políticos.