Comandante general de la PNP debe irse
El Perú lleva décadas discutiendo cómo enfrentar la violencia criminal y todas las fórmulas que los gobiernos han aplicado comparten algo: ninguna ha logrado reducir de manera sostenida los asesinatos. El gobierno de Keiko Fujimori lleva 18 días en funciones y los datos del SINADEF ya permiten una primera lectura que la ciudadanía necesita conocer.
Entre el 28 de julio y el 14 de agosto se registraron 102 muertes violentas, a un promedio de seis asesinatos diarios. El 77.5% ocurrió por proyectil de arma de fuego, la prevalencia más alta en nueve gestiones presidenciales consecutivas. El gobierno anterior de Balcázar registró un promedio del 71.3%.
Este récord llega mientras el Plan Escudo propuesto por el gobierno de la presidenta Fujimori despliega efectivos militares en las arterias de Lima. En medio de este “operativo” , un sicario atacó a un conductor de la línea 41 en Villa El Salvador mientras comenzaba ese operativo. Por otro lado, una abogada penalista fue ultimada, a plena luz del día, en Pacasmayo. Y hay una razón estructural para eso.
El mercado ilegal de armas que alimenta el sicariato tiene múltiples fuentes documentadas, tales como contrabando por fronteras porosas con Ecuador, Colombia y Brasil, robo de arsenales institucionales y, en casos también documentados por este diario, la complicidad de efectivos corruptos de la PNP.
En ese sentido, vale anotar que la presencia de uniformados militares en las calles no desmantela ninguna de esas fuentes. Lo que sí lo hace es inteligencia criminal sostenida, depuración interna de la institución policial y rastreo financiero de las organizaciones que trafican con armas y extorsionan a ciudadanos.
Sin embargo, la tensión entre el Ejecutivo y la cúpula policial agrava el panorama. El comandante general Óscar Arriola, responsable del manejo deficiente de la seguridad interna en el país, convocó a todos los altos mandos para coordinar acciones frente a las críticas de inacción, mientras el gobierno evalúa su continuidad. Una institución cuya conducción está en disputa con el poder político no ejecuta con eficacia ninguna táctica. La decisión que debe tomar esta semana es si está dispuesto a hacer lo que sí funciona antes que sea demasiado tarde. Y para ello, cómo no, resultaría lógico cambiar a la comandancia general de la PNP por una que sí tenga un plan de seguridad profesional.