Cada contribuyente trabaja siete meses y 20 días al año para pagar a Hacienda
Cada trabajador debe dedicar siete meses y 20 días de su jornada laboral anual a cumplir con sus obligaciones fiscales con Hacienda. Es decir, que cada empleado, empresario o autónomo trabaja para pagar impuestos, tasas, gravámenes y tributos 231 días al año, por lo que el «Día de la liberación fiscal» se sitúa este año hoy, 20 de agosto, dos días más que en 2025 y casi dos meses por encima de 2019 –primer año completo de Pedro Sánchez en el Gobierno–. Así, a partir de hoy es cuando podrá disfrutar del sueldo al completo.
Según el último informe del Centro de Análisis de la Sostenibilidad del Modelo Económico (Casme) de la Fundación Civismo, este «Día de la liberación fiscal» se calcula dividiendo el conjunto de impuestos y cotizaciones soportados por los hogares entre la renta familiar amplia generada, conforme a los criterios de la Contabilidad Nacional. Y cuál es la conclusión principal, pues que la presión fiscal efectiva no se ha estabilizado, sino que continúa creciendo. España recauda más incluso con presupuestos prorrogados, ya que su ausencia «no ha supuesto una congelación real de la presión fiscal». En 2025, los ingresos tributarios alcanzaron 325.356 millones, un 10,4% más que en 2024, mientras que el PIB nominal creció solo un 5,8%. «Esta diferencia revela que la recaudación creció con mayor intensidad que la economía nominal, reforzando la tesis de una fiscalidad expansiva».
El diferencial entre el crecimiento de los ingresos tributarios y el crecimiento del PIB nominal en 2025 fue de 4,6 puntos porcentuales, resultado de comparar el aumento de la recaudación tributaria (10,4 %) con el avance del PIB nominal (5,8%). El sistema recauda más por el crecimiento nominal de las bases imponibles, la falta de deflactación suficiente del IRPF, el aumento de cotizaciones sociales, la recuperación del IVA y la expansión de cargas locales. En consecuencia, la prórroga presupuestaria «no equivale a una congelación de la carga fiscal real».
Esta paradoja constituye el eje central del informe: «El contribuyente español trabaja hasta finales de agosto para financiar un Estado que recauda más incluso sin aprobar nuevos presupuestos. La política fiscal española ha entrado así en una fase de inercia recaudatoria en la que no resulta imprescindible aprobar grandes subidas tributarias explícitas para que aumente el esfuerzo fiscal efectivo soportado por los hogares. Basta con mantener congelados los tramos del IRPF, permitir que la inflación eleve nominalmente salarios y precios, incrementar gradualmente las cotizaciones sociales y trasladar nuevas obligaciones de financiación a las haciendas locales».
La evolución reciente de los ingresos tributarios confirma esta divergencia entre bloqueo presupuestario y expansión recaudatoria. En 2019, antes de la pandemia, la recaudación tributaria ascendía a 212.808 millones de euros. En 2022 alcanzó los 255.463 millones; en 2023, los 271.935 millones; en 2024, los 294.734 millones; y en 2025 llegó a 325.356 millones de euros. Esto supone que, entre 2019 y 2025, los ingresos tributarios gestionados por la AEAT aumentaron en 112.548 millones de euros, aproximadamente un 52,9%. Según la AEAT, el crecimiento de la recaudación en 2025 se explica «por un aumento estimado de las bases imponibles del 7% y por medidas normativas y de gestión con un impacto positivo de 7.820 millones de euros».
Uno de los fenómenos más relevantes en este proceso es la denominada «progresividad en frío» o inflación fiscal encubierta. En un contexto de pérdida acumulada de poder adquisitivo, los incrementos salariales nominales «no reflejan necesariamente una mejora real de la capacidad económica del contribuyente». Sin embargo, al no deflactarse la tarifa del IRPF, esos aumentos nominales «pueden desplazar a los trabajadores hacia tipos efectivos superiores, elevando la recaudación sin una decisión política clara, visible y sometida a debate público». El resultado es una subida fiscal silenciosa que afecta de manera directa a las clases medias.
Aunque cada figura pueda parecer limitada de forma aislada, su acumulación reduce la capacidad de consumo, ahorro e inversión de los hogares, encarece la vivienda y la movilidad, y fragmenta la percepción real del esfuerzo fiscal. «La presión tributaria efectiva del ciudadano medio no se agota en los grandes impuestos estatales, sino que se completa mediante una red dispersa de cargas recurrentes y patrimoniales que operan con menor visibilidad, pero con efectos económicos apreciables».
A ello se añade el aumento de la cuña laboral a través de las cotizaciones sociales». El Mecanismo de Equidad Intergeneracional, concebido como una cotización adicional destinada a reforzar la sostenibilidad del sistema de pensiones, incrementa en 2026 el coste asociado al empleo. Aunque su impacto individual pueda parecer limitado, su relevancia económica es considerable: encarece la contratación, reduce la renta disponible del trabajador y consolida una vía de financiación pública menos perceptible que el IRPF, pero igualmente soportada por empresas y asalariados.
El consumo también continúa sometido a una presión creciente. La retirada de medidas temporales de alivio fiscal y la recuperación de tipos en el IVA sobre determinados bienes esenciales han devuelto al impuesto una parte relevante de su capacidad recaudatoria. En la práctica, el IVA opera como una carga transversal sobre el gasto cotidiano de los hogares, con efectos especialmente gravosos para las rentas bajas y medias, que destinan una proporción superior de sus ingresos al consumo inmediato. Junto a los grandes tributos estatales, la fiscalidad local y autonómica adquiere una importancia creciente. Impuestos como el IBI, el IVTM, el ITP-AJD, los tributos propios autonómicos y las nuevas tasas vinculadas a la gestión de residuos configuran una segunda capa fiscal menos visible, pero cada vez más relevante en la economía doméstica. Esta tributación fragmentada, dispersa y de percepción difusa reduce la renta disponible del ciudadano sin que exista siempre una correspondencia clara entre el incremento de la carga soportada y la mejora de los servicios recibidos.
Pero el Día de la Liberación Fiscal no es homogéneo en todo el territorio nacional. Aunque el cálculo general permite estimar el esfuerzo fiscal medio del contribuyente español, la carga efectiva varía en función de la comunidad autónoma de residencia. Esta diferencia se explica principalmente por tres factores: la escala autonómica del IRPF, la existencia de deducciones y mínimos propios, y la distinta intensidad de los tributos cedidos, propios y locales.
La diferencia entre los territorios con menor y mayor esfuerzo fiscal estimado alcanza aproximadamente doce días. En el extremo inferior se sitúan País Vasco y Madrid, con fechas de liberación fiscal más tempranas. En el extremo superior aparecen Cataluña y Extremadura, donde el esfuerzo fiscal estimado se prolonga hasta la última semana de agosto. Esta diferencia no debe interpretarse únicamente como resultado del IRPF, pero sí confirma que la residencia fiscal condiciona de forma apreciable el calendario fiscal efectivo del contribuyente.
Por tanto, la asimetría fiscal territorial plantea «un problema de transparencia y equidad horizontal». Un contribuyente con la misma capacidad económica puede quedar sometido a un esfuerzo fiscal distinto por razones territoriales, no solo por el tramo autonómico del IRPF, sino también por la suma de tributos propios, tasas locales, beneficios fiscales, bonificaciones y gravámenes patrimoniales aplicables en cada comunidad. El 20 de agosto representa el «Día de la liberación» prudente del contribuyente medio en España, pero esa fecha se adelanta o retrasa según la comunidad de residencia. La comparación autonómica revela que el sistema fiscal español «no solo es intenso, sino también fragmentado: la presión fiscal efectiva depende cada vez más del lugar en el que se trabaja, se consume, se adquiere vivienda, se transmite patrimonio o se desarrolla actividad económica».
La conclusión final de la Fundación Civismo es que no es únicamente que el «Día de la liberación fiscal» se retrase dos días respecto del ejercicio anterior, sino que ese retraso se produce «sin necesidad de una gran reforma tributaria ni de nuevos Presupuestos. La presión fiscal aumenta por vías menos visibles: progresividad fría del IRPF, crecimiento nominal de bases imponibles, incremento de cotizaciones, recuperación del IVA y expansión de la fiscalidad local.