El Perú les debe justicia a todas sus víctimas
El terrorismo no solo mata. Fractura el tejido social y obliga a las democracias a tomar decisiones difíciles sobre los límites del Estado frente a la violencia. Ello resulta, como en el caso peruano, en el germen de profundas desconfianzas que se prolongan solo a medida que la sociedad no trabaje en su reconciliación, es decir, con acceso a la justicia para las víctimas.
El Perú conoce eso como muchos países de la región. Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación, el conflicto armado interno dejó decenas de miles de fallecidos y personas desaparecidas. Esos afectados tienen rostros distintos y victimarios distintos.
Pero esa es una tarea pendiente. De acuerdo con el propio presidente de la CVR, Salomón Lerner, dicho informe nunca fue presentado como un punto final sino como una base para profundizar la búsqueda de la verdad. Veintitrés años después, esa tarea sigue abierta.
Están los campesinos quechuahablantes del sur andino masacrados por Sendero Luminoso, los policías y militares asesinados en emboscadas, los huérfanos que crecieron sin padre ni madre, así como aquellas víctimas ultimadas por agentes del Estado y actuaron fuera de todo marco legal. Todas esas familias, todas víctimas, merecen el mismo reconocimiento, la misma verdad y la misma reparación. La distinción del perpetrador no puede ser razón para que las instituciones atiendan a unas y abandonen a otras.
Lo que el nuevo gobierno ha hecho en sus primeras semanas apunta en una dirección que preocupa. El titular del Minjus propuso trasladar el LUM a su cartera. Esto mientras los aliados del Ejecutivo en el Congreso impulsaron la Ley 32107 para prescribir los crímenes del conflicto y una tipificación de lesa humanidad más restrictiva que el propio Estatuto de Roma.
En la misma línea, el presupuesto para las Fiscalías Especializadas en Derechos Humanos sigue siendo insuficiente y nada en el pedido de facultades delegadas sugiere que esa situación vaya a revertirse.
No obstante, resultan destacables iniciativas cívicas como las de la diputada del partido del Buen Gobierno, Rossana Alayza, quien ha propuesto convocar a la ciudadanía a visitas guiadas en el LUM, con expertos. Es fundamental que los peruanos puedan dar fe de la importancia de estos espacios para la convivencia pacífica. Solo lo que se conoce puede defenderse.
Por lo tanto, en el día internacional de las víctimas del terrorismo este diario recuerda que la reconciliación que el Perú necesita pasa primero por la verdad y la justicia. La preservación de la memoria son mandatos del Estado frente a sus propios ciudadanos y frente a la comunidad internacional, como garantía de civismo. En esa línea, ningún gobierno ni parlamento debería desmontarlas ni siquiera intentarlo.