Las comunidades del PP amenazan con no ir a la cita clave de los menores

El anticipo tuvo lugar el pasado 13 de agosto. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, sentó por primera vez desde el asalto masivo en Ceuta a las comunidades autónomas en la comisión sectorial que servía para preparar la Conferencia Sectorial prevista para el próximo jueves, 27 de agosto.

El resultado fue que tres gobiernos autonómicos dieron un primer plante: Extremadura, Aragón y Castilla y León, los tres en los que Vox ostenta las competencias de Infancia. Sí acudieron el resto de administraciones gobernadas por el PP, que lograron una cosa: suprimir del orden del día de la cumbre que tendrá lugar esta semana un punto informativo y de debate sobre la atención de los menores inmigrantes no acompañados.

Por tanto, y formalmente, la reunión de Infancia que sentará a Gobierno y comunidades sólo aprobará una única medida: un crédito extraordinario de 25 millones para la ciudad autónoma. Aun así, la ministra pretende abordar la situación de los menores y sentar así las bases de un hipotético reparto. «Volveré a intentar que las comunidades autónomas colaboren para ayudar a la ciudad autónoma y atender a la infancia», advirtió hace semanas.

Pero los últimos movimientos del Ejecutivo no han gustado al PP, que se muestra en alerta por la posibilidad de que, finalmente, exista una distribución de los menores no acompañados que se encuentran en Ceuta entre el resto de territorios de la península. Para empezar, los populares exigen conocer primero la cifra total de niños que permanecen en la ciudad desde el asalto masivo.

Algunas organizaciones solidarias aseguran que hay unos 4.000. La Policía Nacional dio una cifra de más de 2.000 identificaciones. Hasta que no haya un recuento definitivo y exacto y se hayan resuelto los expedientes de todos los menores, el PP descarta abordar ninguna otra medida.

De ahí que las comunidades en manos de los populares, según confirman a LA RAZÓN, estudien un plante a la ministra en la cita clave del jueves.

Sentó especialmente mal que, hace días, el Gobierno comunicara un traslado de 500 niñas a la península en colaboración con el gobierno ceutí. Juan Jesús Vivas desmintió que trabajara en ningún plan y repitió que la única prioridad es garantizar el retorno de todos los que cruzaron la frontera de forma irregular. Sean mayores o menores.

A pesar de que inicialmente el Gobierno, por boca de los ministros de Interior y Exteriores, declaró que todos los irregulares volverían por donde vinieron, la realidad empieza a tornar diferente. Pasan los días y la cifra de los extranjeros ilegales que se quedaron en Ceuta no disminuye. Apenas hay retornos que se producen de forma voluntaria. El resto, permanecen o en centros de internamiento, o en las carpas que está instalando el Gobierno o, directamente, hacinados.

Una cronificación del «caos» que preocupa a las autoridades ceutíes, que se han propuesto como nunca antes el objetivo de expulsar a todos los ilegales para así poder recobrar la normalidad truncada desde el 30 de julio.

Si la hoja de ruta del Gobierno pasa por repartir los menores, el PP anticipa que se pondrá en frente. De momento, la intención de las regiones populares –salvo las tres citadas en las que gobierna Vox– es acudir a la cita con Rego. Pero cada paso que da el Ejecutivo incrementa la desconfianza.

La advertencia es clara: o se busca una solución con Marruecos para el retorno de todos los inmigrantes, o habrá una batalla política que podría empezar el mismo jueves con un plante a Rego.