La crisis de Ceuta desborda a la Moncloa: la semana que cambió todo
Pedro Sánchez termina sus vacaciones como las empezó: con Ceuta como epicentro de los problemas del Gobierno. El presidente abandonó ayer la Residencia Real de La Mareta, en Lanzarote, donde ha pasado tres semanas en las que ha tenido que ampliar su respuesta a la crisis a medida que se iba descontrolando. Lo que el 30 de julio comenzó en la frontera con la entrada irregular de más 72.000 personas ha terminado desbordando los despachos de la mitad del Consejo de Ministros.
La secuencia explica la historia. Primero hubo que contener la entrada y negociar las devoluciones con Marruecos. Después, dar alojamiento y atención a quienes permanecen en Ceuta. Más tarde llegaron los problemas con los menores, la batalla con el PP, el choque con Bruselas y buena parte de los socios europeos, los reproches entre Interior y Defensa y hasta las primeras críticas procedentes del propio PSOE. La situación se ha desmadrado tanto, que Sánchez ha terminado colocando al ministro Ángel Víctor Torres como coordinador de todos los ministerios implicados.
El Gobierno prepara un plan de recuperación para una ciudad que está lejos de recuperar la normalidad. El Ejecutivo lo presentará mañana mismo en el primer Consejo de Ministros del curso. Algunas fuentes consultadas en el Gobierno admiten en privado que la crisis de Ceuta les ha sobrepasado. El Gobierno ha tenido que desdecirse sobre la marcha. Primero aseguró que quienes entraran irregularmente serían devueltos.
Pero entre las decenas de miles de personas que atravesaron la frontera había miles de menores y la legislación española no permite meterlos en el mismo saco. El Ejecutivo lo sabía. Cada caso exige comprobar la edad, activar el sistema de protección, escuchar al menor y acreditar que regresar con su familia o quedar bajo la protección de las autoridades marroquíes responde a su interés superior. Y todo expediente por expediente.
De manera que la realidad ha terminado imponiéndose. El Ejecutivo acordó trasladar a la Península a 500 niñas que han permanecido durante semanas en condiciones especialmente precarias y vulnerables. Se trata de una solución de emergencia que abrió inmediatamente otra guerra con el PP que también prioriza el retorno de los menores. El Gobierno acusa a los populares de plantear una respuesta ilegal. La situación de los niños se ha convertido en una nueva línea divisoria entre Sánchez y Feijóo. Pero el Gobierno se ha encontrado con una dificultad añadida. El viento europeo ya no sopla a su favor.
La crisis de Ceuta ha estallado cuando buena parte de Europa ha endurecido su discurso migratorio. Bruselas ha puesto el acento en acelerar los retornos, también de los menores. Numerosos gobiernos europeos han avanzado los últimos años hacia posiciones más restrictivas. Sánchez ha optado por marcar perfil propio en inmigración y defender una línea más garantista. Ceuta le ha proporcionado el escenario para hacerlo, pero también ha dejado al descubierto hasta qué punto ha cambiado el debate europeo.
El Gobierno ya no discute únicamente con el PP sobre cómo responder a la inmigración irregular. También tiene que explicar por qué España pretende recorrer un camino diferente al que están tomando algunos de sus socios. La crisis ha terminado salpicando incluso la relación con Italia, después del cruce de controles fronterizos entre ambos países. Tampoco todo ha sido armonía dentro del Gobierno. La pregunta que lleva persiguiendo a Moncloa desde el 30 de julio continúa sin una respuesta: ¿Cómo pudo producirse una entrada de semejante magnitud sin que el Estado consiguiera anticiparse? Con esa cuestión empezaron los roces dentro del Ejecutivo.
Margarita Robles cerró filas con el CNI frente a las dudas sobre los avisos previos manejados por los servicios de inteligencia. Fernando Grande-Marlaska defendió que Moncloa no dispuso de información... Detrás de la discusión existe una batalla por acotar responsabilidades. Y José Manuel Albares ha tenido que caminar simultáneamente por otra cuerda: ponerle buena cara a Marruecos sin permitir que la crisis ponga en cuestión la soberanía española sobre Ceuta.
Cada ministerio ha gestionado su parte de la emergencia. Y cada ministro ha intentado que la factura no termine encima de su mesa. Al final, Sánchez colocó a Ángel Víctor Torres al frente de la coordinación de todos los departamentos implicados. El ministro de Política Territorial armoniza la actuación de Interior, Defensa, Exteriores, Migraciones e Infancia, entre otros.
El Gobierno explicó la elección por el carácter transversal de su Ministerio y por su experiencia gestionando la presión migratoria cuando presidía Canarias. Pero el nombramiento llegó tres semanas después de que comenzara la crisis. Hasta ahora, Moncloa defendía que la coordinación ya existía bajo la dirección del propio presidente. Sánchez celebró dos reuniones por videoconferencia desde La Mareta y los ministros han ido pasando por Ceuta. Sin embargo, el Ejecutivo ha terminado creando precisamente la figura que durante los últimos días reclamaban desde la ciudad.
Moncloa ha intentado durante buena parte de agosto presentar el ruido alrededor de Ceuta como una ofensiva del PP. Juan Jesús Vivas ha ido elevando el torno y Génova ha convertido la gestión de la crisis en uno de sus principales arietes contra Sánchez.
Pero las críticas se oyen también en el PSOE. El vicepresidente primero de la Asamblea de Ceuta, el socialista Melchor León, cargó contra el Ejecutivo, al que reclama una implicación mayor. Todavía no se ha resuelto la emergencia migratoria y ya ha aparecido el siguiente problema: recuperar la economía de Ceuta. La crisis ha golpeado al comercio, al turismo y a la actividad económica durante uno de los meses más importantes del año. Así que el Gobierno prepara ahora un paquete de medidas y un plan de recuperación que llega mañana al Consejo de Ministros.
La fotografía de la crisis explica su evolución: Economía no estaba entre los ministerios protagonistas cuando la frontera saltó por los aires el 30 de julio. Ahora también forma parte de la solución. Ceuta ha ido incorporando ministros a la crisis conforme pasaban los días. Y desde este mismo lunes comienza el carrusel de comparecencias en el Congreso. Robles, Bolaños, Mónica García, Marlaska, Albares y Elma Saiz pasarán por sus respectivas comisiones para explicar las diferentes vertientes de la crisis –y la forma que han tenido de abordarla– antes incluso de que comience formalmente el periodo ordinario de sesiones.
Después llegará el turno de otros en el Ejecutivo. Quién sabe si incluso el propio presidente. En el PSOE hay quien cree que la crisis ha alcanzado la gravedad suficiente como para que termine siendo Pedro Sánchez quien rinda cuentas de la gestión. El Gobierno es consciente de que la crisis migratoria ha rebasado sus expectativas. Y le pone en una posición política difícil. Sánchez cambió sin deliberación previa la postura española sobre el Sáhara Occidental. La situación de Ceuta le devuelve una pregunta incómoda: qué rédito obtuvo España de ese giro si Rabat sigue presionando.