España vuelve a poner en su punto de mira a las petroleras: redobla esfuerzos y suma aliados para que la UE autorice un impuesto a su beneficio por la guerra de Irán
España y otros cinco países de la Unión Europea -Italia, Alemania, Polonia, Austria y Portugal- quieren que las petroleras sufraguen los estragos que está ocasionando en la economía continental el conflicto de Oriente Medio. Los ministros de Economía y Finanzas de los seis países han vuelto a la carga y han vuelto a reclamar a Bruselas la aplicación de un impuesto al beneficio de las petroleras por la guerra de Irán.
La misiva, enviada el pasado sábado a la presidencia irlandesa de turno, es la segunda que envía España junto a sus aliados en la materia tras la remitida en abril, si bien en esta ocasión a la iniciativa se ha sumado un país de envergadura en el contexto europeo, Polonia. A diferencia de la remitida hace cuatro meses, en la que se proponía analizar de forma genérica un gravamen por los beneficios obtenidos en el extranjero por las multinacionales petroleras y energéticas, establece un marco temporal para hacerlo al solicitar la apertura de un debate a 27 durante la próxima cumbre informal del ECOFIN -la reunión de los ministros de Economía y Finanzas- que se celebrará los días 18 y 19 de septiembre en Dublín.
En la carta, los ministros explican que las compañías petroleras están disfrutando "de una rentabilidad general y márgenes sobre productos refinados que, si bien están posiblemente influidos por la escasez de productos específicos, superan el aumento de los precios del crudo".
Los firmantes explican que, a su entender, las medidas adoptadas hasta ahora a nivel nacional "no han sido suficientes para reducir o estabilizar los precios para las empresas y los ciudadanos de forma permanente", en medio de un "creciente descontento por el aumento del costo de vida".
Por lo tanto, concluyen, hace falta "un enfoque común" dentro de "un marco a escala de la UE" para gravar las ganancias extraordinarias de las petroleras. Esta vez y a diferencia de 2022 (cuando la Unión Europea introdujo un impuesto del 33% sobre los beneficios de los combustibles fósiles en forma de contribución de solidaridad temporal por la guerra de Ucrania) apuestan por "un análisis más específico de cómo las ganancias extranjeras de las empresas petroleras multinacionales pueden incluirse de una manera más selectiva".
Concretamente, los firmantes piden trabajar a favor del desarrollo de "un mecanismo europeo común capaz de proteger el mercado único, teniendo al mismo tiempo en cuenta la diversidad de situaciones nacionales y sus partes interesadas, además de cumplir con el principio de subsidiariedad".
Para ello, reclaman "lo antes posible" los resultados de la investigación europea sobre los márgenes de beneficio de las refinerías "para garantizar que las refinerías no se estén aprovechando de la situación energética actual".
Antecedentes
La nueva ofensiva en Bruselas del Gobierno llega después de que en mayo, un mes después de la primera misiva, el Ejecutivo recogiese cable y asegurase no ver tan urgente la medida a pesar de haberse aliado con otros cuatro países para presionar en favor de la medida.
No es la primera vez que el Gobierno pone en su punto de mira a las energéticas para aumentar la recaudación. En 2022, en sintonía con las directrices de la Unión Europea y el Reglamento europeo 2022/1854 para recaudar fondos ante la crisis de precios desatada por el conflicto en Ucrania, ya introdujo un impuesto temporal a las energéticas, que culminó en su efectiva derogación parlamentaria a finales de 2024 e inicios de 2025 al no encontrar el Gobierno aliados para convertirlo en un tributo permanente.
La intención del Ejecutivo de convertirlo en permanente causó un tremendo choque entre el Ejecutivo y el sector. Las energéticas advirtieron de que la medida dificultaría las inversiones de 252.000 millones de euros que el Ejecutivo espera que se ejecuten en el periodo comprendido entre 2024 y 2030. Compañías como Repsol llegaron incluso a dejar en suspenso algunos de sus planes de inversión.
El sector energético entendía que este gravamen era completamente discriminatorio y aleatorio y reprocharon a Moncloa que afrontaron los meses más duros de la pandemia, cuando el consumo de hidrocarburos se hundió y sus cuentas de resultados así lo reflejaron, sin ningún tipo de ayuda.