Claves de la ley de extranjería: del reconocimiento médico gratis al "derecho de permanencia" para los inmigrantes

Casi un mes después del comienzo de la crisis migratoria, el Gobierno presentó una modificación de la Ley de Extranjería. Junto con la nueva ley de Asilo y la aprobación del mando único, que se extenderá hasta el próximo mes de diciembre en Ceuta, el primer Consejo de Ministros fue ajetreado.

Lo cierto es que la modificación que deberá aprobarse en el Congreso de los Diputados ya ha contado con las primeras tiranteces. A primera hora de la mañana, Junts ha redoblado la presión sobre el Ejecutivo y ha pedido una ley para transferir las competencias migratorias a Cataluña.

Tal y como ha desvelado este diario, el articulado es idéntico a la propuesta rechazada por Podemos y solamente se ha cambiado la exposición de motivos, el núcleo que provocó el rechazo de la formación morada. Se apuesta por una redacción más técnica para evitar acusaciones de "xenofobia" y rascar una nueva cesión del Ejecutivo. La redacción se limita a explicar que la cesión de competencias a las comunidades autónomas se encuentra regulada por la Constitución.

A la espera de que se produzcan los pertinentes debates en la Cámara Baja, el reclamo de la formación independentista ya contó con el apoyo del PSOE. Ahora bien, la propuesta presentada por el Gobierno marcará el compás de la situación.

España recula y reforma la figura del triaje

La información facilitada por el Consejo de Ministros recuerda los preceptos del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo aprobados antes del periodo estival. Uno de los puntos marcados por Europa fue la devolución a sus países de origen de los inmigrantes ilegales. Además, se señaló una lista de los países "seguros" para abordar el problema migratorio. La solución del Ejecutivo es "adaptarlo" a la legislación española.

El principal objetivo señalado es "regular" la libertad de circulación para asegurar el cumplimiento de "permanecer a disposición de las autoridades competentes" para las personas que pidan asilo. En segunda instancia se buscará cumplir con las medidas de Europa.

Lo cierto es que las diferencias son palpables. Según el Ejecutivo, los inmigrantes ilegales recibirán un "reconocimiento médico" gratuito sin la necesidad de encontrarse afiliados a la Seguridad Social. También se contempla la reforma de la figura del triaje en las dependencias judiciales que continuará siendo de 72 horas, prorrogables por una decisión judicial. Europa reclama hasta una semana.

El anteproyecto pretende agilizar el retorno de las personas extranjeras que llegan de manera irregular al país y no tienen derecho a protección internacional. Se contará con un plazo máximo de 12 semanas para ejecutar su expulsión.

Sin permiso de residencia para los solicitantes de asilo

Para los solicitantes de protección internacional, la reforma regula un "derecho de permanencia" en el país que no da derecho a obtener una autorización de residencia. El proceso se ejecutaría "en caso de que esa persona incurra en alguna de las figuras jurídicas".

"Si una solicitud de protección internacional es rechazada, la persona solicitante recibirá la notificación junto a la denegación de entrada que le impone la obligación de abandonar el país", expresa el documento presentado por Moncloa.

¿Cuándo entrará en vigor?

Por el momento, no existe una fecha oficial para la entrada en vigor de la reforma de extranjería en España. La aprobación en el Consejo de Ministros es el primer paso. En las próximas semanas será elevada al Congreso y se votará. Si no se aprueba deberá retornar a la casilla de salida.

Se espera que arribe al Congreso en el mes de septiembre.