Alcalde josefino responde a Laura Fernández y pide demostrar que gobierno no bloquea proyectos de San José

Las diferencias entre la presidenta Laura Fernández y el alcalde de San José, Diego Miranda, escalaron después de varios cuestionamientos del jerarca local sobre la coordinación entre el gobierno y la Municipalidad capitalina.

La discusión incluye proyectos municipales, la atención de personas en situación de calle y un proceso relacionado con una eventual sanción contra el alcalde.

Miranda respondió este jueves a las declaraciones que Fernández dio un día antes durante una conferencia de prensa en Zapote. El alcalde aseguró que solicitó reuniones desde el 3 de febrero y fue atendido hasta junio. Además, cuestionó la versión de la mandataria sobre las gestiones realizadas para atender sus solicitudes.

La presidenta afirmó el miércoles que evitó reunirse directamente con Miranda por razones de ética y transparencia, debido al trámite que deberá resolver relacionado con una eventual sanción contra el funcionario.

El alcalde aseguró que esperó cerca de cinco meses antes de que el vicepresidente Francisco Gamboa lo recibiera. Según Miranda, esa reunión ocurrió después de que planteó su preocupación por las personas en situación de calle.

Durante la conferencia, Fernández mostró algunos mensajes intercambiados con el alcalde. La mandataria rechazó las acusaciones de Miranda y afirmó que Gamboa atendió al jerarca municipal en representación de la Presidencia.

La gobernante explicó que debe analizar un procedimiento relacionado con una sanción promovida desde el Concejo Municipal de San José contra Miranda. Según Fernández, reunirse directamente con el alcalde podría exponerla a una presión indebida mientras estudia el caso con su equipo jurídico.

Miranda rechazó ese argumento. Además, autorizó públicamente a la presidenta a grabar cualquier eventual reunión entre ambos, como una forma de despejar dudas sobre posibles presiones relacionadas con el procedimiento.

El alcalde también pidió a Fernández resolver el asunto de la sanción dentro de los plazos correspondientes.

“Dice usted que no se reúne conmigo para no verse sometida a una presión indebida. Parece risible, señora presidenta, que usted diga que un alcalde puede torcerle el brazo a una presidenta”, afirmó Miranda.

Miranda enumera proyectos que, según él, enfrentan obstáculos

La respuesta del alcalde trascendió la disputa por las reuniones. Miranda enumeró varios proyectos municipales que, según afirmó, requieren coordinación con instituciones del Gobierno y enfrentan obstáculos o falta de respuesta.

Entre ellos mencionó el Consejo de Seguridad de San José. El alcalde cuestionó cancelaciones que atribuyó al ministro de Seguridad, Gerald Campos, y solicitó coordinación con el Ministerio de Seguridad Pública.

Miranda también señaló dificultades relacionadas con la plaza de las Garantías Sociales. Aseguró que la Municipalidad pretende invertir más de ¢900 millones en su remodelación y cuestionó las condiciones planteadas por el Ministerio de Cultura para utilizar el espacio.

Otro proyecto mencionado fue la intervención de avenida Segunda, para la cual, según el alcalde, el ayuntamiento dispone de más de ¢2.000 millones. Miranda indicó que la ejecución requiere coordinación debido a que la vía está bajo administración del Gobierno Central.

El alcalde también citó solicitudes relacionadas con centros educativos de San José. Según afirmó, su despacho recibe peticiones para mejorar infraestructura destinada a estudiantes.

Asimismo, mencionó diferencias relacionadas con el uso del parque metropolitano La Sabana. Miranda sostuvo que la Municipalidad había realizado gestiones ante el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder) para desarrollar actividades, incluidos conciertos al aire libre.

Días antes, el alcalde afirmó, en una entrevista con Telenoticias, que solicitó desde abril el espacio para conciertos de fin de año. Según su versión, posteriormente el Icoder autorizó actividades solicitadas por el Ministerio de Cultura.

Miranda también pidió a Fernández intervenir en gestiones relacionadas con terrenos en Rincón Grande de Pavas y Cristo Rey. Según el alcalde, la Municipalidad dispone de ¢150 millones para cada uno de esos proyectos.

“Demuestre que no están bloqueando las iniciativas de la Municipalidad de San José. Hagamos mesas de trabajo conjunto”, instó el alcalde.

Fernández niega bloqueo contra el alcalde

La presidenta rechazó el miércoles que su administración mantenga aislado al alcalde. Fernández calificó como falsas las acusaciones sobre una supuesta falta de atención y mencionó parte de las conversaciones que sostuvo con Miranda por WhatsApp.

Como ejemplo, Fernández mencionó una comunicación del 22 de junio relacionada con la cancelación de patrocinios institucionales para el Festival de la Luz y otras actividades municipales.

La mandataria explicó que empresas públicas y bancos estatales cuentan con autonomía para decidir sobre sus patrocinios. Según Fernández, esas decisiones corresponden a las áreas de comunicación y mercadeo de cada institución y no requieren su autorización.

La presidenta también sostuvo que algunas gestiones planteadas por Miranda sí recibieron atención. Durante la conferencia consultó a Francisco Gamboa sobre las reuniones con el alcalde.

El vicepresidente confirmó que recibió a Miranda y escuchó sus planteamientos. Gamboa también vinculó esas conversaciones con la iniciativa gubernamental para atender a las personas en situación de calle.

Disputa comenzó por estrategia para personas en situación de calle

Uno de los episodios previos de la confrontación ocurrió después de que el gobierno presentó una estrategia para atender a personas en situación de calle, cuya primera fase se desarrollará en el distrito Merced de San José.

Miranda cuestionó entonces que la Municipalidad de San José no fuera convocada directamente a la mesa de trabajo. El alcalde consideró contradictorio ejecutar el proyecto piloto en la capital sin incorporar directamente al municipio.

El gobierno sostuvo que las municipalidades estuvieron representadas durante la elaboración de la estrategia por medio de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) y la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI).