Los inquilinos pueden quedarse hasta 5 años en el alquiler aunque firmen un contrato de solo un año: así les protege la ley
El mercado del alquiler atraviesa una situación de creciente tensión. La escasez de vivienda disponible, el fuerte aumento de los precios y el endurecimiento de los requisitos de acceso han convertido el arrendamiento en una opción cada vez más inaccesible para muchos hogares. En este contexto, encontrar una vivienda se ha convertido en todo un reto para los inquilinos, que, una vez conseguido el alquiler, buscan mantener la estabilidad y evitar tener que empezar de nuevo la búsqueda de un hogar.
La duración del arrendamiento será libremente pactada por las partes y, aunque esta suele ser de un año, la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) también establece una serie de prórrogas obligatorias.
El artículo 9 de la LAU establece que, cuando la duración pactada del contrato sea inferior a cinco años —o a siete si el arrendador es una persona jurídica—, el alquiler se prorrogará obligatoriamente por periodos anuales hasta alcanzar ese plazo mínimo legal. De este modo, el propietario no puede poner fin al contrato unilateralmente durante esos primeros cinco años, aunque el acuerdo inicial se haya firmado por un periodo inferior. Una vez transcurrido ese plazo, podrá decidir si continúa o no con el alquiler, siempre que cumpla con los requisitos y plazos de preaviso establecidos por la ley.
El inquilino puede decidir no renovar
La obligación de mantener el contrato durante ese periodo no afecta por igual a ambas partes. Mientras el propietario debe respetar las prórrogas previstas por la ley, el inquilino puede decidir no continuar en la vivienda una vez transcurridos seis meses. Para ello, debe comunicar su voluntad de no renovar con al menos 30 días de antelación. El contrato puede contemplar una indemnización por desistimiento dentro de los límites establecidos legalmente.
El propietario, por su parte, tampoco puede recuperar libremente la vivienda durante esos cinco años. Existe una excepción cuando necesita ocuparla como residencia habitual para sí mismo o para determinados familiares, pero deben cumplirse los requisitos establecidos por la ley y esta posibilidad tiene que haber quedado recogida expresamente en el contrato.
El propietario no puede eliminar este derecho
La protección también se extiende a las condiciones económicas del alquiler. El propietario no puede poner fin al contrato simplemente para volver a arrendar la vivienda a otro inquilino y establecer una renta más elevada. Las actualizaciones de la mensualidad deben respetar los límites y mecanismos establecidos por la normativa vigente.
Además, una cláusula contractual no puede obligar al inquilino a renunciar por adelantado a los derechos que le reconoce la LAU. El artículo 6 establece que las estipulaciones que perjudiquen al arrendatario en contra de las normas imperativas de la ley son nulas.