Gobierno de Bolivia ordena la intervención de la empresa petrolera estatal YPFB en medio de la crisis por combustible
El Gobierno de Rodrigo Paz ordenó la intervención temporal de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en un nuevo intento por contener la persistente crisis de abastecimiento de combustibles que afecta al país y que se convierte en uno de los principales problemas de su administración.
La medida fue establecida mediante el Decreto Supremo 5697, aprobado el 1 de septiembre, con el objetivo declarado de proteger los intereses del Estado y recuperar la eficiencia de la gestión operativa y administrativa de la compañía.
El proceso tendrá una duración de hasta 180 días, aunque el Ministerio de Hidrocarburos y Energía podrá ampliarlo una única vez por hasta 90 días adicionales si persisten las circunstancias que motivaron la decisión. También podrá finalizar antes si las causas de la intervención son superadas.
El decreto aclara que la medida no supone la desaparición de YPFB ni altera su naturaleza jurídica o estructura institucional.
El foco estará en la distribución de carburantes
La intervención busca obtener información fidedigna y suficiente para evaluar el funcionamiento de la cadena logística vinculada con la importación y distribución de combustibles, además de determinar los volúmenes destinados a las estaciones de servicio y otras modalidades de comercialización.
Para ello fue creada una Comisión de Intervención Estatal Extraordinaria, integrada por representantes de los ministerios de Economía y Finanzas Públicas; Producción Sostenible, Medio Ambiente y Agua; Hidrocarburos y Energía; Obras Públicas, Servicios y Vivienda, además del Viceministerio de Transparencia.
El organismo tendrá entre sus primeras tareas la revisión de las áreas de comercialización, logística y trazabilidad de los carburantes.
También podrá recomendar auditorías sobre los procesos de importación, adquisición, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización. La comisión deberá investigar además posibles redes de contrabando, desvío o acopio irregular y, cuando corresponda, establecer responsabilidades entre los funcionarios involucrados.
El decreto le permite igualmente evaluar operaciones y decisiones que hayan perjudicado el abastecimiento, la seguridad energética o los recursos estatales, así como recomendar la incorporación de especialistas y la remoción de personal.
Si las auditorías encuentran indicios de responsabilidad, los informes podrán ser enviados a la Contraloría, el Ministerio Público, la Procuraduría y otras instancias competentes.
Una crisis que persiste pese al fin de los subsidios
La escasez de carburantes se convirtió en el principal desafío de la administración de Paz, quien llegó al poder en noviembre de 2025 con la promesa de solucionar el problema.
Bolivia depende fuertemente de las importaciones para abastecer su mercado interno: alrededor del 60% de la gasolina y el 95% del diésel que consume provienen del exterior, con un gasto semanal estimado en unos 90 millones de dólares.
En diciembre, el Gobierno eliminó los subsidios a los combustibles, una política mantenida durante los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce. La decisión buscaba aliviar una situación económica marcada por el agotamiento de las reservas en divisas y las dificultades para continuar financiando las importaciones.
Sin embargo, el retiro de los subsidios no acabó con las largas filas en las estaciones de servicio. En algunos casos, los conductores llegaron a pasar la noche dentro de sus vehículos a la espera de combustible.
La semana pasada, además, una nueva disposición oficial duplicó el precio del diésel hasta US$1,5 por litro, con el argumento de frenar el contrabando, señalado por el Gobierno como uno de los factores detrás del desabastecimiento.
La medida provocó rechazo entre sectores campesinos, que iniciaron bloqueos de carreteras en Beni y Santa Cruz, pese a que continúa vigente un estado de excepción utilizado por el Ejecutivo para contener las protestas que paralizaron al país durante mayo y junio.