Tensión entre Suecia y Reino Unido tras la expulsión de británicos afincados en la UE
21 años de vida en Suecia, un hijo y varios nietos, una red de amigos y la tumba de su marido no han sido suficientes. Joyce Thomas tiene 78 años, es una enfermera británica jubilada y dispone de apenas unas semanas para abandonar el país que considera su hogar. Su delito no es otro que haber presentado demasiado tarde un formulario que no sabía que necesitaba después del Brexit. «Estoy en estado de shock. Es un infierno. No he hecho nada malo», lamenta a "The Guardian".
Su historia ha convertido un problema burocrático heredado de la salida de Reino Unido de la Unión Europea en una creciente polémica política y diplomática entre Londres y Estocolmo. Porque Thomas no es un caso aislado. Desde el Brexit, 2.500 ciudadanos británicos han recibido órdenes para abandonar Suecia, cerca de un tercio de todas las dictadas contra británicos en los Veintisiete. Ningún otro país comunitario presenta cifras semejantes.
El origen está en el Acuerdo de Retirada que Londres y Bruselas negociaron para evitar que millones de europeos residentes en Reino Unido y británicos establecidos en la UE perdieran sus derechos de la noche a la mañana. Suecia optó por un sistema que obligaba a quienes ya vivían allí a solicitar formalmente un nuevo estatus de residencia. El plazo terminó el 31 de diciembre de 2021, aunque el acuerdo permite solicitudes posteriores cuando existen «motivos razonables». La interpretación de esa excepción es ahora el centro de la batalla.
Thomas se trasladó a Suecia con 57 años junto a su marido, Gwynne, para vivir cerca de uno de sus hijos. Él se encargaba de todos los trámites de la pareja y ambos aseguran que preguntaron si debían hacer algo después del Brexit y les dijeron que no. Descubrieron el error demasiado tarde. Gwynne murió de cáncer en 2023, después de 55 años de matrimonio, y Joyce quedó sola para enfrentarse a una burocracia que acabó rechazando su solicitud tardía.
Las autoridades consideran que desconocer la obligación de registrarse no constituye por sí solo una justificación suficiente. En agosto, Thomas perdió otro recurso. Si no abandona voluntariamente Suecia puede exponerse además a una prohibición de entrada en el espacio Schengen. «Este es mi hogar», insiste una mujer que vive de sus propios recursos, no recibe prestaciones y quiere ser enterrada junto a su marido.
Las cifras explican por qué Londres considera que el problema va mucho más allá. De unas 14.200 solicitudes de residencia post-Brexit presentadas en Suecia, cerca de 4.000 fueron rechazadas. El Foreign Office calcula una tasa del 27,5%, frente a una media comunitaria de entre el 3% y el 4%. Bulgaria, con unas 16.000 solicitudes, rechazó apenas cinco; Bélgica, con aproximadamente 13.000, denegó 605. El Gobierno británico lleva tiempo trasladando a las autoridades suecas y a la Comisión Europea su preocupación por lo que considera una aplicación «considerablemente más estricta» del acuerdo.
Todavía más dramático es el caso de Horace Mason, conocido como George, de 74 años. Lleva unos 24 años en Suecia, padece demencia vascular avanzada y parkinsonismo vascular, utiliza silla de ruedas y vive en un centro especializado donde necesita atención permanente. Su médico ha advertido de los riesgos que supondría trasladarlo a Reino Unido. Pero los tribunales suecos concluyeron que «el interés del Estado en una inmigración regulada» prevalece sobre su interés en continuar viviendo en el país.
Su expulsión debía ejecutarse a mitad de agosto. La familia consiguió ganar tiempo en el último momento al presentar un nuevo recurso para impedir la ejecución, acompañado de documentación médica. La Agencia de Migración confirmó que estudia esa petición. Su hija Michelle Torossian asegura que la incertidumbre está afectando a toda la familia, mientras sus abogados contemplan incluso acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La orden, por ahora, no ha desaparecido.
La controversia ha llegado ya formalmente al Parlamento sueco. Håkan Svenneling, portavoz de política exterior del Partido de la Izquierda, ha llevado el asunto al Riksdag y advierte de que las expulsiones están dañando las relaciones bilaterales precisamente cuando Londres intenta reconstruir puentes con Europa.
La última iniciativa, registrada eleva además la presión política: Svenneling ha preguntado a la ministra de Exteriores, Maria Malmer Stenergard, si considera que las expulsiones han deteriorado la imagen de Suecia y sus relaciones con Reino Unido y si piensa adoptar alguna medida. La respuesta oficial está prevista para el 8 de septiembre. El diputado recuerda que Reino Unido es un socio esencial para Estocolmo y advierte de que la política migratoria restrictiva sueca aparece cada vez más asociada a estos casos en los medios británicos.
David Milstead, responsable de "Británicos en Suecia", una organización con unos 9.000 miembros, sostiene que llevan advirtiendo del problema desde 2020. Entre los casos genuinos de solicitudes fuera de plazo conocidos por el grupo, asegura que no han podido verificar ni uno solo en el que Suecia haya aceptado la explicación ofrecida por el afectado. Milstead teme además que el giro general de la política migratoria sueca hacia posiciones mucho más restrictivas esté contaminando la aplicación práctica del acuerdo del Brexit.
Pero la ironía de esta nueva batalla post-Brexit es que Londres tampoco puede presumir de un sistema impecable. Mientras protesta por el trato a sus ciudadanos, las autoridades británicas siguen acumulando problemas con el mecanismo digital creado para demostrar los derechos de residencia de los europeos que se quedaron en Reino Unido.
El último caso roza lo surrealista. Nidia Webb, ciudadana europea residente desde hace ocho años en Reino Unido, quedó atrapada en agosto en España cuando intentaba regresar de vacaciones. En el aeropuerto le impidieron embarcar porque su settled status había desaparecido. Tras horas hablando con el Home Office descubrió la causa: el sistema había vinculado su estatus migratorio con los datos de su hermana gemela idéntica. Le explicaron que se trataba de un «problema conocido» con algunos gemelos. Y cuando finalmente corrigieron el error, el Ministerio del Interior envió el correo de confirmación a la hermana equivocada. Webb tuvo que comprar otro billete para regresar a casa.
El Home Office recuerda que más de diez millones de personas han utilizado correctamente las eVisas y sostiene que la mayoría de los errores detectados se solucionan en 24 horas. Pero organizaciones que representan a los europeos denuncian desde hace años identidades y fotografías cruzadas y personas incapaces de demostrar su situación migratoria en momentos críticos. En definitiva, diez años después del histórico referéndum, el Brexit sigue atrapando vidas entre fronteras, bases de datos y formularios.