Ordenan la detención del expresidente ecuatoriano Abdalá Bucaram por caso de presunta delincuencia organizada
La Justicia de Ecuador ordenó la detención del expresidente Abdalá Bucaram una vez que reciba el alta médica, luego de que por sexta ocasión no pudiera celebrarse la audiencia destinada a comunicar la sentencia en el proceso por presunta delincuencia organizada. El exmandatario permanece internado en una unidad de cuidados intensivos de Guayaquil tras una intervención cardíaca.
El Tribunal de Garantías Penales dispuso que la Policía mantenga una vigilancia permanente sobre Bucaram mientras continúe hospitalizado. Cuando los médicos autoricen su salida, deberá ser aprehendido para garantizar su presencia ante los jueces.
La decisión se produjo después de que agentes del Bloque de Búsqueda acudieran al centro médico para comprobar si el estado de salud de la exautoridad permitía su participación en la diligencia. Los médicos confirmaron su internación, aunque los policías no pudieron tomar contacto con él debido a que se encontraba en cuidados intensivos.
Por su parte, la fiscal Lidia Sarabia calificó como inaudito y sin precedentes que Bucaram no haya comparecido por sexta vez a la audiencia. El Ministerio Público solicitó al tribunal que investigue las reiteradas postergaciones y determine si existieron maniobras destinadas a retrasar el proceso.
Cabe recordar que el acusado fue sometido a una intervención por un problema cardíaco a finales de agosto y, después de abandonar un primer centro médico, volvió a ser ingresado en otra clínica de Guayaquil. Además, su familia sostiene que su estado continúa siendo delicado. Su esposa María Rosa Pulley afirmó que permanece bajo estricta vigilancia médica en cuidados intensivos.
Ante la sucesión de informes médicos, el tribunal ordenó además al Ministerio de Salud auditar la documentación emitida por los hospitales donde recibió atención.
El proceso investiga la comercialización de pruebas de covid-19
Bucaram, de 74 años, enfrenta el proceso junto con su hijo Jacobo Bucaram y otras dos personas. La Fiscalía sostiene que entre marzo y agosto de 2020 los acusados habrían colaborado con una estructura que obtuvo beneficios económicos mediante la comercialización de 21.000 pruebas para detectar covid-19, además de otros insumos médicos.
Según la investigación, dos ciudadanos israelíes habrían participado en el traslado de las pruebas, bajo custodia de agentes de tránsito, hasta la vivienda del expresidente. Uno de esos hombres fue asesinado en 2020 en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil.
La acusación también sostiene que en la propiedad del expresidente se almacenaron otros productos médicos, entre ellos mascarillas y lancetas utilizadas para la toma de muestras.
El juicio comenzó el 11 de abril de 2025, después de varios aplazamientos registrados desde 2022. Durante el proceso declararon aproximadamente 50 testigos y peritos.