Economías ilícitas en América Latina amenazan la inversión y la competitividad: minería ilegal y lavado de activos ganan terreno
Las economías ilícitas en América Latina han dejado de ser un problema circunscrito a la seguridad. El avance del crimen organizado, la minería ilegal y el lavado de activos también empieza a alterar las condiciones para invertir, competir y desarrollar actividades económicas en distintas zonas de la región, sobre todo allí donde la presencia del Estado sigue siendo débil.
Uno de los mayores riesgos aparece cuando el dinero obtenido de actividades criminales consigue entrar a la economía formal. A través del lavado de activos, estos recursos buscan ocultar su origen ilegal y circular como si provinieran de negocios legítimos. Una vez dentro del sistema, seguirles el rastro se vuelve mucho más difícil y pueden terminar afectando la competencia y la transparencia del mercado.
Así lo advirtió Juan Andrés Medel, investigador asociado de la Cátedra de Seguridad y Globalización del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, durante el conversatorio Economías ilícitas: el costo oculto para la competitividad y la inversión en América Latina, organizado por la Comisión de Lucha contra el Comercio Ilícito (CLCI) de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).
"Este fenómeno no se limita a Perú, sino que constituye una realidad de alcance global. El dinero, una vez que se logra ‘lavar’, se integra al sistema", señaló el especialista en flujos financieros ilícitos.
Minería ilegal en Perú: el precio del oro puede acelerar su expansión
Dentro de este escenario, la minería ilegal en Perú aparece como uno de los focos que más preocupa. Medel consideró que esta actividad podría seguir creciendo ante el interés de organizaciones criminales y el comportamiento del precio internacional del oro.
"Yo sí diría que estamos ante un escenario que va a escalar. Estadísticamente, hemos estado observando que hay muchos grupos criminales que están más interesados y avanzando hacia la minería ilegal. Y esto probablemente va a estar muy ligado al precio del oro", afirmó.
El problema, sin embargo, va más allá del control policial. La minería ilegal suele desarrollarse en zonas alejadas de las principales ciudades, donde el Estado tiene una presencia limitada y persisten carencias de educación, inversión, servicios básicos y empleo.
Es justamente ese vacío el que, según Medel, permite que las organizaciones criminales ganen espacio. No necesariamente buscan enfrentarse al Estado, sino aprovechar territorios donde este no ha logrado ofrecer respuestas suficientes a la población.
Lavado de activos y corrupción también tienen un costo económico
El lavado de activos es uno de los principales mecanismos que permiten conectar las economías criminales con el circuito formal. Medel precisó que este fenómeno no está limitado al crimen organizado, ya que los recursos ilícitos pueden tener distintos orígenes.
La corrupción es otra pieza de esta estructura. El investigador llamó la atención sobre investigaciones que muestran que la relación entre funcionarios corruptos y organizaciones criminales puede producirse incluso antes de que exista un acercamiento directo de la organización delictiva.
"Encontraron que no fue que el crimen organizado fue a buscar al funcionario público, fue que el funcionario público fue a buscar a la criminalidad organizada. Por ende, ya estaba corrompido previamente", sostuvo.
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Medel citó estimaciones según las cuales entre 3% y 4% del PBI de América Latina estaría relacionado con actividades de la criminalidad organizada. El impacto no se queda, entonces, en el ámbito policial o judicial. También alcanza a la inversión, la competencia y las posibilidades de crecimiento de los países.
"América Latina gasta siete veces más en materia de seguridad que en innovación", advirtió. Para el especialista, este desequilibrio muestra uno de los costos menos visibles del avance criminal: mientras más recursos y capacidades deben destinarse a contenerlo, menos espacio queda para impulsar innovación, productividad e inversión.
Ante este escenario, Medel planteó reforzar los controles de integridad y probidad tanto en el sector público como en el privado. Las empresas también pueden convertirse en vehículos para introducir dinero de origen ilícito en la economía, por lo que, a su juicio, enfrentar estas economías requiere una respuesta conjunta entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil.