La educación no suele ser uno de los temas que abren periódicos y telediarios, salvo cuando se publica el informe PISA. Durante un par de días, tertulianos y columnistas se lanzan a proclamar sus fundados comentarios; mientras los políticos salen con nuevas ocurrencias que parecen sencillas y caben bien en los titulares. El valor que le damos a PISA, su atención mediática, es total. Sin embargo, sólo un reducido grupo de personas conocen de verdad cuánto dinero cuestan estos exámenes al contribuyente y qué empresas intermediarias están detrás. Según recuerdan varios expertos a este diario, España es el mejor cliente que tiene PISA en todo el mundo: participamos con la muestra más grande de todo el estudio y, en proporción, somos la nación que más se gasta en estos test que, con cada edición, certifican un mayor declive de nuestro modelo educativo. Y ya van una decena de pruebas PISA desde la primera edición del año 2000. Según respondió el Gobierno a una pregunta parlamentaria registrada en marzo del año pasado, el Ministerio de Educación gastó en esta edición de pruebas educativas internacionales realizadas por la OCDE más de cinco millones y medio de euros (exactamente, 5.538.153,78). Pero la cuenta, si se incluye lo que pagan las autonomías, es mucho mayor. Por una parte, está la cuota estatal que paga España a la OCDE y, por otra, la cuota autonómica, ya que en España se presentan muestras ampliadas en todas las autonomías. La factura no acaba ahí. Además de la cantidad que recibe la OCDE, las diecisiete comunidades pagan a empresas adjudicatarias por el trabajo de campo. Es decir, a aquellos que se encargan de realizar los exámenes y de todo el desarrollo informático local. Según ha podido saber este diario, hay regiones que pueden destinar hasta 200.000 euros si se suma la cuota autonómica y la licitación. Por poner un ejemplo, para esta edición de PISA (la de 2025) la Comunidad de Madrid pagó 30.453,16 euros por desarrollar las pruebas a la empresa 2E Estudios, Evaluaciones e Investigación S.L. Cataluña ha estado en el centro de la polémica en PISA por haber excluido de la prueba a un 23% del alumnado, aquel que sacaría notas más bajas en el test. Pero hay que recordar que esta esta región, cuyos últimos resultados no son comparables con los del resto por estar adulterados, ha pagado a la OCDE 1,5 millones extra dentro de un 'plan especial' para mejorar la educación en Cataluña, que vive una situación crítica. Teniendo en cuenta que cada comunidad paga 200.000 euros a la OCDE y sumando la cuota estatal y el pago extra en Cataluña, España estaría gastando en estas evaluaciones casi diez millones y medio de euros. «Hemos externalizado nuestra evaluación nacional. A un precio enorme y sin poder adaptarla a nuestra necesidades», opina José Manuel Lacasa, investigador educativo y director del Instituto F de Investigación Educativa. En España no existe ninguna prueba a nivel estatal de la envergadura de PISA desde hace años y las pruebas de diagnóstico que se llevan a cabo en las comunidades autónomas nunca arrojan resultados negativos. «Qué raro que a los políticos les cueste evaluarse, ¿verdad?», resume Lacasa. La Lomloe, conocida como ley Celaá, obliga a las consejerías de Educación a realizar al menos cada dos años estos exámenes en las asignaturas de Matemáticas, Lengua Castellana y Lengua Extranjera. Un miniPISA a la española, con el matiz de que participan todos los centros de la región y no una muestra representativa de cada comunidad. Pero para ver su inutilidad, basta observar el ejemplo de las que se realizaron en Andalucía el año pasado, coincidiendo con PISA. «Las pruebas de evaluación de diagnóstico indican mejoras en el alumnado de Lengua y Matemáticas», decía una nota de la Junta de Andalucía de julio de 2025, justo unos meses después de que los alumnos se hubiesen examinado en PISA. Si bien esos test son para estudiantes de 4º de Primaria y 2º de ESO (y no de 4º de ESO, como el de la OCDE) resulta sospechoso que los resultados entre ambas pruebas de diagnóstico hayan sido tan dispares. Según conocíamos estos días, Andalucía cayó 16 puntos en Matemáticas respecto al año 2022 y 20 en comprensión lectora. «Luego, en PISA, aflora la verdad, el batacazo. Creemos que la prueba de diagnóstico que hacen las comunidades debería estar centralizada, igual para todos», afirmaba hace unos meses a ABC Mario Gutiérrez, responsable de Educación del sindicato CSIF. Por muchos millones que con cada edición de PISA se desembolsen, cada nuevo estudio constata que la crisis educativa española se agrava. En esta última edición, publicada este martes, nuestro país ha obtenido el peor resultado de su historia y ha sufrido la caída más abrupta . La comparativa con la anterior edición (de 2022) arroja un descenso de 23 puntos en comprensión lectora , de 16 en Matemáticas y de 8 en Ciencias . Si se tiene en cuenta que un curso equivale a 20 puntos, es como si los alumnos hubiesen retrocedido todo un año escolar en su capacidad para leer y entender un texto. Los más críticos con PISA siempre señalan una pulsión comercial detrás de la fiebre por los test de educación. PISA no se entiende sin organizaciones ni empresas como la australiana ACER (Australian Council for Educational Research) o la editorial Pearson, una de las multinacionales educativas más grandes del mundo y que se suele encargar de redactar los exámenes, corregirlos y aportar las herramientas informáticas a los ministerios de Educación. Todo un negocio que no termina de llevar a mejoras generalizadas en los sistemas educativos.
