CGTP pide reunión urgente con Galarreta por 42 inspectores de SUNAFIL que no cobran desde julio
La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) solicitó una reunión urgente al presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, para exponerle la situación de 42 inspectores de trabajo que permanecen sin cobrar sus remuneraciones desde el diez de julio. Los trabajadores fueron devueltos por Sunafil a los Gobiernos Regionales tras el vencimiento del plazo de ocho años que fijaba la Ley N.° 30814.
El pedido se formalizó mediante un oficio enviado el nueve de septiembre y firmado por el secretario general Gerónimo López y el secretario de Defensa Moisés Vega. En el documento, la CGTP pide que a la reunión asista también el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, al considerar que el problema está directamente vinculado a las competencias de ese sector y requiere una respuesta articulada del Poder Ejecutivo.
La ley vencía el diez de julio y trasladaba de vuelta a los Gobiernos Regionales las competencias de inspección sobre microempresas que, de forma temporal, habían sido asumidas por Sunafil. Un proyecto de ley que buscaba ampliar ese plazo por 10 años, con respaldo multipartidario y aval del Ministerio de Trabajo, fue observado por el Ejecutivo apenas un día antes del vencimiento.
Ese mismo nueve de julio, tras culminada la jornada laboral, Sunafil comunicó por correo electrónico a los 42 inspectores la conclusión de su vínculo con la institución. La medida se ejecutó sin que se hubieran constituido previamente las comisiones de transferencia con cada región, encargadas de trasladar de forma ordenada el acervo documentario y presupuesto.
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Sin inspección en microempresas de 25 regiones
Según Ricardo Cerna, uno de los inspectores afectados, los 25 Gobiernos Regionales incluido el Callao no vienen ejerciendo la función inspectora sobre las microempresas por falta de infraestructura, logística, sistemas informáticos y capacidad de gestión para atender denuncias laborales. La CGTP advierte que esto deja sin fiscalización a un sector donde se concentra una alta informalidad laboral.
Para Ernesto Tapia, secretario de Derechos Humanos de la CGTP, resulta inadmisible que servidores encargados de hacer cumplir la legislación laboral sean hoy víctimas del incumplimiento de uno de los derechos más elementales de cualquier trabajador: cobrar su remuneración a tiempo.