Diputadas de oposición cuestionan al Gobierno por recorte de ¢598 millones para Ovsicori y Red Sismológica Nacional en presupuesto de 2027

Diputadas de oposición cuestionaron al Gobierno un recorte de ¢598 millones en recursos destinados al Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori) y la Red Sismológica Nacional (RSN) para el 2027.

El cuestionamiento se dio durante una sesión de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, donde se discute el presupuesto para ese año, y fue dirigido a Alejandro Barrantes, viceministro de la Presidencia, y Juan José Monge, director ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).

Ángela Aguilar, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), preguntó a los jerarcas sobre el recorte en el presupuesto de los entes científicos y cuál fue el fundamento técnico de la reducción.

Además, consultó sobre si se evaluaron sus posibles efectos sobre la operación de ambas entidades.

Monge explicó que los recursos corresponden a transferencias establecidas mediante un transitorio de la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo para universidades y otras entidades científicas. Según indicó, la CNE mantiene una deuda por esas transferencias desde 2021, que terminará de saldar en 2027.

Por su parte, Barrantes indicó que la CNE ha trasladado alrededor de ¢3.000 millones a las universidades y subrayó que los recursos previstos para 2027 corresponden al último tracto derivado de la disposición transitoria.

María Eugenia Román, diputada del Frente Amplio (FA), también planteó a los jerarcas qué ocurrirá con las necesidades operativas del Ovsicori una vez que la CNE termine de cancelar los recursos pendientes.

“El Ovsicori requiere recursos para los equipos y el mantenimiento y tiene una estrecha relación con la Comisión Nacional de Emergencias y la prevención de desastres”, afirmó Román.

Al respecto, el viceministro de la Presidencia indicó que: “Evidentemente, cumplida esa disposición ya no habría otra ley que esté disponiendo el traslado de nuevos recursos, salvo que ustedes como legisladores tomaran eventualmente esa decisión”, afirmó Barrantes.

La Nación consultó al Ovsicori y a la RSN sobre el impacto que tendría la reducción de recursos prevista para 2027 en sus labores y las medidas que pretenden adoptar ante la finalización de estas transferencias. Al cierre de esta publicación, se encontraban pendientes sus respuestas.

¿Qué dice la ley sobre estos recursos?

La Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo (Ley 8488) establece en su artículo 46 que las instituciones de la Administración Central, la Administración Pública Descentralizada y las empresas públicas deben girar a la CNE un 3% de las ganancias y del superávit presupuestario acumulado, libre y total que reporten. Los recursos se depositan en el Fondo Nacional de Emergencias.

A su vez, el transitorio I dispuso que, durante un plazo de 12 años, del 3% establecido en ese artículo se destinara un 2,4% a la CNE y el 0,6% restante a fortalecer la vigilancia sísmica, volcánica y meteorológica.

De ese 0,6%, hasta un 0,2% se destinó al Ovsicori para adquirir equipo sísmico y volcánico necesario para sus labores de vigilancia; otro 0,2% a la Universidad de Costa Rica, para adquirir equipo y fortalecer la Red Sismológica Nacional (RSN) y el Laboratorio de Ingeniería Sísmica (LIS); y el 0,2% restante al Instituto Meteorológico Nacional (IMN) para equipamiento, modernización y fortalecimiento de su red de vigilancia meteorológica.

Proyecto busca establecer financiamiento permanente

En la Asamblea Legislativa se tramita el expediente 24.738, que busca establecer un mecanismo permanente de financiamiento para el Ovsicori, la RSN, el Laboratorio de Ingeniería Sísmica (LIS) y el IMN.

La iniciativa fue presentada el 3 de diciembre de 2024, duarante el cuatrenio legislativo anterior, y cuenta con dictamen afirmativo de mayoría de la Comisión de Asuntos Hacendarios.

El proyecto propone financiar estas entidades con un 0,6% de las primas de seguros de vida, salud, incendios y líneas afines que se vendan en el país. La iniciativa fue presentada por la exdiputada Rosaura Méndez Gamboa, del Partido Liberación Nacional (PLN).