Presentan formalmente la moción de censura contra el ministro César Astudillo por crisis de inseguridad
La moción de censura contra César Astudillo ya reunió las firmas necesarias para ser presentada formalmente ante la Cámara de Diputados. El pedido cuestionó la gestión del ministro del Interior frente a la crisis de inseguridad y sostuvo que existe una falta de capacidad para conducir el sector ante el aumento de la violencia letal.
La iniciativa tomó como uno de sus principales argumentos las cifras de homicidios registradas durante 2026. Según los datos citados en el documento, hasta agosto se contabilizaron 1.499 asesinatos. El promedio llegó a 6,16 homicidios diarios durante los primeros ocho meses del año.
Los diputados también cuestionaron las respuestas que Astudillo ofreció durante su interpelación del 17 de septiembre. En esa sesión respondió un pliego de 27 preguntas sobre sicariato, extorsión, homicidios, presupuesto para seguridad, coordinación entre entidades y designaciones dentro del sector. La moción sostuvo que sus explicaciones no permitieron conocer resultados concretos frente al avance de la criminalidad.
Otro de los principales puntos fue el asesinato de Susy Aponte, periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash. La moción señaló que ella había denunciado amenazas contra su vida nueve días antes de ser asesinada a balazos en Caraz. Los autores del pedido cuestionaron que, pese a esa advertencia, no se adoptaran medidas de protección antes del ataque.
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¿Qué cuestionamientos plantea la moción contra César Astudillo?
El documento sostuvo que el Ministerio del Interior tiene responsabilidad directa en la conducción política de la Policía Nacional y en las políticas de seguridad ciudadana. Por ello, consideró que Astudillo debía responder políticamente por las decisiones adoptadas frente al avance de la delincuencia y por la falta de resultados concretos.
La moción también citó cifras del INEI para mostrar la preocupación de la población. Hasta julio, el 83,3 % de los habitantes de zonas urbanas consideraba que podía ser víctima de un delito durante los siguientes 12 meses. Además, la victimización llegó al 24 %. En Lima Metropolitana y el Callao, la percepción de inseguridad pasó de 86 % a 87 %.
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El caso de Susy Aponte recibió un apartado específico. La periodista había denunciado el 10 de septiembre que recibió llamadas desde tres establecimientos penitenciarios y que, según su versión, en esas comunicaciones se le advirtió sobre un supuesto atentado contra su vida. La moción cuestionó que durante los nueve días posteriores no se informara de una investigación, una medida de protección o una acción preventiva antes de su asesinato.
La moción concluyó que Astudillo no reunía las condiciones de idoneidad, eficacia y confianza política necesarias para permanecer en el cargo. Por ello, pidió que la Cámara de Diputados haga efectiva su responsabilidad política mediante la censura.