‘No tenemos más remedio que vivir aquí’: miles de familias en Gaza se refugian en edificios en riesgo

Gaza, Territorios Palestinos. En Ciudad de Gaza, Heba Arafat camina por el piso inclinado de su apartamento, ya que los ataques israelíes destruyeron los cimientos del edificio y lo dejaron peligrosamente inclinado.

Al igual que miles de habitantes de la Franja, esta mujer de 47 años ha decidido volver a ocupar una vivienda dañada por la guerra entre Israel y el movimiento islamista Hamás, durante la cual el territorio palestino quedó devastado por los bombardeos.

“No tenemos más remedio que vivir aquí, no tenemos adónde ir. Todas las viviendas han sido destruidas, el territorio ha sido arrasado, ya no nos queda nada”, lamenta.

Junto con su esposo y sus seis hijas, había abandonado el lugar en el momento más intenso de la guerra desatada en octubre de 2023 por el ataque sin precedentes de Hamás contra Israel.

Regresó tras el alto el fuego alcanzado en octubre de 2025, que permitió reducir la intensidad de los ataques israelíes, aunque sin ponerles fin.

A su vuelta, descubrió que la planta baja de su edificio de cuatro pisos, donde ahora viven 30 personas, se había derrumbado: el resultado de una operación terrestre israelí, según ella.

Al igual que en la mayoría de los edificios, las explosiones también destrozaron los vidrios. Para ofrecer un poco de privacidad, se tendieron sábanas en los marcos de las ventanas.

Según la ONU, en octubre de 2025, el 84% de las infraestructuras de la Franja de Gaza había sido demolidas o dañadas, y 2.000 edificios corren riesgo de desplome, según la Defensa Civil gazatí, organismo de socorro que opera bajo la autoridad de Hamás.

Hace unos días, 21 personas, entre ellas 12 niños, murieron en Ciudad de Gaza tras el derrumbe de un edificio de seis pisos, que había sido blanco de ataques en varias ocasiones durante la guerra, según las autoridades locales, algo que Israel niega.

“Estamos aterrorizados desde que nos enteramos de los derrumbe de edificios. El peligro es mayor de lo que pensábamos”, dice preocupada Heba Arafat.

“Pero, ¿adónde podemos ir? Tenemos miedo de que nos caiga una pared o un techo encima, así que nos acurrucamos un poco más unos contra otros”, añadió.

“Amenaza para la vida”

Los funcionarios municipales de Ciudad de Gaza ahora patrullan las calles para identificar y reportar las estructuras en riesgo.

“Estos edificios representan una amenaza real para la vida de las personas que se refugian en ellos y para la de los vecinos de los alrededores y en los campamentos de desplazados”, subraya Hosni Muhanna, portavoz del municipio.

Pero “miles de desplazados se ven obligados a buscar refugio en estos edificios a punto de desplomarse”, reconoce, “para escapar de las difíciles condiciones de vida que reinan en los campamentos, donde no existe protección alguna contra el calor ni contra el frío”.

En Gaza se han instalado campos gigantescos para acoger a la abrumadora mayoría de la población obligada a desplazarse, pero las condiciones de vida, especialmente en materia de higiene, son malas.

Y dado que la actividad económica del territorio está paralizada, muchos habitantes dependen de la ayuda humanitaria, la cual a su vez está sujeta a diversas restricciones impuestas por las autoridades israelíes.

Estas bloquean, en particular, la entrada al territorio de diversos equipos necesarios para la reconstrucción, al considerar que podrían utilizarse con fines militares, a pesar de las necesidades expresadas por la población y las ONG.

Entre estos equipos se encuentran tanto maquinaria de construcción, indispensable para retirar los escombros, como repuestos o lubricantes esenciales para su funcionamiento, según el portavoz del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric.

Dado que las negociaciones sobre el plan de paz llevan meses estancadas, los esfuerzos de reconstrucción previstos en ese marco aún no han comenzado.

Las necesidades son colosales: se han estimado en más de 69.000 millones de dólares a lo largo de diez años, según una evaluación conjunta publicada en abril por Naciones Unidas, el Banco Mundial y la Unión Europea.