Europa debate el futuro del curso legal del euro, es decir, el derecho de los ciudadanos a utilizar en sus pagos diarios los billetes y monedas respaldados por el Banco Central Europeo . No se trata de un debate menor ni reservado a especialistas: en él se dirimen la libertad de elección del ciudadano a la hora de pagar y la resiliencia de nuestro sistema de pagos. El pasado 23 de junio tuvo lugar una votación en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo sobre un paquete legislativo que establece el marco jurídico del futuro euro digital y desarrolla, por primera vez en la legislación europea, el principio de curso legal de los billetes y monedas en euros. Son varios los aspectos positivos que cabe destacar de lo acordado en la votación del paquete legislativo. Entre las principales cuestiones se encuentran el reconocimiento de que el acceso al efectivo no debe depender exclusivamente de la demanda existente –la oferta desempeña un papel esencial–; la creación de planes nacionales para responder a apagones, ciberataques y fallos de los sistemas de pago; la prohibición de las exclusiones al pago en efectivo en las relaciones con los consumidores; el refuerzo de los mecanismos de supervisión y corrección cuando se detecten problemas de acceso y aceptación, y la incorporación de una cláusula explícita que garantice la coexistencia entre el efectivo y un futuro euro digital. La experiencia reciente avala la pertinencia de estas medidas. El gran apagón que sufrió la península ibérica en abril de 2025 demostró que, cuando fallan las infraestructuras digitales, el efectivo es el único medio de pago que sigue funcionando. Aquella jornada dejó una lección que ninguna estrategia de pagos puede permitirse ignorar: la resiliencia de una economía moderna exige mantener viva la infraestructura del dinero físico . Sin embargo, la discusión verdaderamente importante tiene lugar ahora. Durante estos meses se desarrolla la fase de trílogos entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión, la última oportunidad para concretar cómo se hará efectivo el acceso al dinero físico en la práctica y qué obligaciones corresponderán a los distintos actores implicados. Una vez que el efectivo ha sido reconocido jurídicamente, la principal cuestión todavía sin resolver es cómo se va a garantizar que siga siendo accesible para todos los ciudadanos. Un derecho reconocido en la ley sólo puede considerarse real cuando existe una infraestructura suficiente que permite ejercerlo en condiciones adecuadas; de lo contrario, corre el riesgo de quedarse en una mera declaración de intenciones. En este sentido, resulta especialmente relevante que el Gobierno de España impulse una reflexión sobre los indicadores que deberán utilizarse para evaluar el cumplimiento efectivo del futuro reglamento. Es necesario definir criterios objetivos que permitan medir el acceso al efectivo, identificar posibles déficits territoriales o sociales y supervisar la evolución de la infraestructura de provisión y distribución a lo largo del tiempo y en todo el territorio. Esas reflexiones deben prestar una atención prioritaria a los colectivos más vulnerables: las personas mayores, los habitantes del medio rural, las personas con discapacidad y todos aquellos que encuentran mayores dificultades para desenvolverse en entornos exclusivamente digitales. Para millones de españoles, el efectivo no es una opción, sino la vía principal –en ocasiones la única– de participar en la vida económica. Será necesario definir qué indicadores permitirán evaluar el cumplimiento de la norma, cómo se garantizará el acceso efectivo de los colectivos más vulnerables y cuál deberá ser el papel de las entidades bancarias en el mantenimiento de una infraestructura adecuada de distribución de efectivo. Asimismo, habrá que reflexionar sobre la contribución de otros operadores que participan en el acceso y la distribución del efectivo, incluidos los gestores de cajeros automáticos y otros intermediarios que desempeñan un papel cada vez más relevante en la prestación de este servicio. La actual fase legislativa europea ofrece una oportunidad única para construir un marco que vele por todos los ciudadanos de forma equilibrada y proporcionada. España, donde el efectivo sigue siendo un medio de pago esencial para amplias capas de la población, tiene la ocasión –y la responsabilidad– de liderar ese esfuerzo. Sería un error dejarla pasar.
