Juntos por el Perú presenta dictamen en minoría que insiste en denegar las facultades legislativas al Ejecutivo
El lunes 5 de octubre, Juntos por el Perú presentó un dictamen en minoría que propone rechazar y archivar el pedido para delegar facultades legislativas al Ejecutivo. En el informe, la bancada sostiene que la propuesta “carece de la debida delimitación” y pone en riesgo la protección ambiental y los derechos de las comunidades originarias, por lo que plantea el archivo definitivo del proyecto.
"Presentamos dictamen en minoría sobre la Proposición Legislativa (…) de iniciativa del Poder Ejecutivo. (…) Discrepamos de la recomendación aprobada en mayoría y proponemos la no aprobación de la proposición y su envío al archivo", se lee en el documento.
En el texto, los parlamentarios expusieron la votación del pasado 1 de octubre en la Comisión de Constitución, donde fueron el único bloque en oponerse al texto sustitutorio aprobado por otros grupos parlamentarios.
"(...) la Comisión aprobó un texto sustitutorio trabajado por los Grupos Parlamentarios Buen Gobierno, Ahora Nación, Renovación Popular y Cívico Obras con trece votos a favor, cinco en contra y dos abstenciones. Los cinco votos en contra corresponden a quienes suscribimos este dictamen".
Alertas sobre vacíos ambientales y consulta previa
En el documento, la bancada señala que ua de sus preocupaciones es que la propuesta del Ejecutivo contiene imprecisiones legales que podrían omitir los controles ambientales y la participación ciudadana en proyectos de infraestructura o trámites administrativos.
“Las habilitaciones sobre digitalización, contratación o ejecución acelerada de obras deben precisar su relación con las competencias ambientales y el Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental de la Ley 27446. Cuando una intervención requiera certificación ambiental, la simplificación administrativa no debe entenderse como una exoneración implícita”.
Asimismo, el informe destaca que el pedido de facultades no puede pasar por alto los derechos de los pueblos originarios. “La Ley 29785 y el Convenio 169 de la OIT exigen consulta previa respecto de medidas legislativas o administrativas que afecten directamente derechos colectivos de los pueblos indígenas. (…) Una ley autoritativa y sus decretos no pueden emplearse para eludir esa obligación cuando concurran sus presupuestos”.
Proyectos de ley en lugar de delegación de facultades
Por otro lado, la bancada argumenta que las urgencias del país en materia de seguridad y atención de desastres no justifican otorgar un facultades, puesto que el Gobierno ya dispone de mecanismos legales y el Congreso puede tramitar sus iniciativas de manera urgente.
“La Proposición Legislativa 00098/2026-2031-CD carece de la debida delimitación en sus alcances, pretendiendo abarcar habilitaciones de manera genérica en diversos sectores del Estado sin precisar su relación ni subordinación a las leyes vigentes”.
Frente a este escenario, los legisladores sostienen que el Congreso no debe renunciar a su función fiscalizadora, por lo que plantean que cualquier medida prioritaria debe debatirse de forma independiente y transparente.
“Sustentamos esta posición en los límites de la legislación delegada y en la conveniencia de tramitar las medidas necesarias mediante proyectos específicos, con prioridad para la seguridad ciudadana y la gestión del riesgo de desastres (…)”, se indica en el documento.