Pueblo Soberano se niega a liberar recursos fundamentales para el OIJ y el Ministerio Público en 2027
Los seis diputados del Partido Pueblo Soberano de la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa rechazaron la moción de fondo del Presupuesto Ordinario 2027 que tenía la intención de liberar los recursos por ¢29.000 millones para el Poder Judicial, congelados mediante una norma impuesta por el Ministerio de Hacienda.
Se trata de la primera moción de las 137 presentadas al plan de gastos del próximo año, firmada por la liberacionista Ángela Aguilar, cuya intención es eliminar la norma de ejecución presupuestaria 9.
Esa regla exige a la Corte a presentar al Congreso un informe de auditoría sobre el fideicomiso de ¢37.644 millones para infraestructura, y si la Comisión de Gasto Público de la Asamblea aprueba ese informe, podría libertad recursos para gastos operativos.
Una de las principales críticas es que la liberación de esas partidas fundamentales para el trabajo del Poder Judicial quedaría en manos de un criterio político y no técnico, ni siquiera del cumplimiento de una norma legal, sino básicamente en manos de diputados del chavismo.
En criterio de Aguilar y de María Eugenia Román, del Frente Amplio (FA), se trata de una norma atípica e inconstitucional, que prácticamente le da al Congreso la coadministración del Poder Judicial, pues supedita la ejecución de esos dineros a que se cumplan ciertos requisitos.
“No solo crea inseguridad jurídica, sino que afecta el trabajo del Poder Judicial”, dijo Aguilar, mientras que Román apuntó que afecta el combate al narcotráfico y el crimen organizado, y afecta especialmente al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y al Ministerio Público.