Contraloría advierte de riesgos en proyecto de Marta Esquivel para eliminar colegiatura obligatoria
La propuesta para eliminar la colegiatura obligatoria en la mayoría de las profesiones enfrenta nuevos cuestionamientos. Esta vez, la Contraloría General de la República (CGR) advirtió sobre los riesgos que implicaría la reforma en la fiscalización de los recursos públicos y el ejercicio de determinadas funciones profesionales.
El señalamiento consta en un oficio del 22 de octubre del 2026, dirigido a la Asamblea Legislativa. En el documento, la Contraloría considera insuficiente el modelo de colegiatura voluntaria planteado en el proyecto de ley de la diputada Marta Esquivel, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), para actividades vinculadas con el control y la supervisión de la Hacienda Pública.
La iniciativa, tramitada bajo el expediente 25.747, pretende eliminar la obligación de incorporarse a un colegio profesional como requisito para ejercer una profesión, tanto en el sector público como en el privado. El texto contempla excepciones para determinadas actividades relacionadas con la vida, la salud, la seguridad pública o la fe pública.
Sin embargo, el órgano contralor considera necesario mantener requisitos especiales de habilitación, supervisión, independencia y responsabilidad profesional en actividades cuyos resultados sirven para tomar decisiones sobre el manejo de fondos públicos.
Contraloría advierte sobre riesgos para la fiscalización de fondos públicos
Uno de los principales cuestionamientos de la Contraloría se relaciona con las funciones de auditoría, certificación y control que desempeñan profesionales en instituciones públicas o mediante servicios externos.
Actualmente, los lineamientos del órgano contralor establecen que las personas que ocupen cargos de auditor y subauditor interno deben cumplir requisitos de formación académica, experiencia y pertenencia activa al colegio profesional correspondiente.
La Contraloría advierte de que los artículos 4 y 7 del proyecto podrían impedir la aplicación de determinadas exigencias profesionales, pese a que el numeral 5 reconoce la existencia de requisitos especiales para algunas actividades.
Esta situación también podría afectar la posibilidad de exigir la condición de contador público autorizado para realizar auditorías externas relacionadas con fondos públicos.
Según el criterio técnico, la eliminación de la colegiatura obligatoria no debería analizarse únicamente como una medida para facilitar el acceso al ejercicio profesional.
La institución considera necesario determinar si el cambio debilitaría los mecanismos de supervisión técnica, ética, calidad y responsabilidad que actualmente se aplican a determinadas actividades.
Además, señala que las funciones de auditoría, aseguramiento, certificación y rendición de cuentas relacionadas con recursos públicos representan un riesgo crítico para el interés público. Por esa razón, estima justificada la existencia de requisitos especiales.
Registro Nacional de Profesionales carece de estimación de costos
La Contraloría también identificó debilidades en la propuesta para crear un Registro Nacional de Profesionales, que estaría adscrito al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).
El proyecto establece que esta plataforma será pública, digital, gratuita y de acceso permanente. La inscripción sería obligatoria para las personas que pretendan ejercer las profesiones comprendidas en la reforma.
El órgano contralor advirtió de que el expediente legislativo no contiene una estimación del costo necesario para desarrollar, operar y mantener el sistema.
Tampoco identifica una fuente específica de financiamiento para garantizar su funcionamiento.
La Contraloría señaló que la plataforma requeriría recursos permanentes para infraestructura tecnológica, actualización de información, seguridad informática, continuidad del servicio y contratación de personal especializado.
El documento también llama la atención sobre la experiencia del MEIC con el Sistema de Información Empresarial Costarricense (SIEC), utilizado para la categorización y el seguimiento de pequeñas y medianas empresas.
La institución recordó que realizó dos auditorías relacionadas con ese sistema, en el 2022 y el 2023.
En particular, indicó que dos disposiciones emitidas en el informe del 2023 todavía se encuentran en proceso de seguimiento. Ambas están relacionadas con aspectos necesarios para el funcionamiento y la continuidad de la plataforma.
Por ello, solicitó que los diputados valoren las capacidades técnicas y financieras del Ministerio antes de asignarle la administración del nuevo registro.
Contraloría aclara alcance de recomendaciones de la OCDE
La exposición de motivos del proyecto plantea que la eliminación de la colegiatura obligatoria busca fortalecer la competencia en los servicios profesionales, conforme a recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Sin embargo, el órgano contralor precisó que las recomendaciones específicas de esa organización para Costa Rica se concentran especialmente en la eliminación de tarifas mínimas obligatorias para los servicios profesionales.
Contraloría pide revisar artículos del proyecto
En su conclusión, la Contraloría recomendó revisar la relación entre los artículos 4, 5 y 7 del expediente para evitar contradicciones entre la eliminación general de la colegiatura obligatoria y las excepciones aplicables a determinadas profesiones.
El órgano fiscalizador considera necesario preservar las condiciones especiales de independencia, ética, calidad y supervisión para las actividades relacionadas con el control de recursos públicos.
También solicitó valorar el impacto presupuestario del Registro Nacional de Profesionales y garantizar los recursos necesarios para su operación a largo plazo.