Fiscalía indaga a Diego Miranda, alcalde de San José, por presunta influencia contra la Hacienda Pública en caso de parquímetros

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción indagó este jueves 29 de octubre al alcalde de San José, Diego Miranda Méndez, por el presunto delito de influencia en contra de la Hacienda Pública. El caso se relaciona con supuestas irregularidades en el manejo de la licitación del servicio de parquímetros de ese ayuntamiento.

Los otros presuntos implicados son de apellidos Vega Campos y Chacón Villalobos, ambos funcionarios municipales; así como dos extrabajadores de apellidos Zotch Gutiérrez y Vargas Solano.

Según el Ministerio Público, este jueves solo se indagó a Miranda y a Vega, este último, investigado por el mismo posible delito que al alcalde. El caso se encuentra en fase preparatoria, que consiste en la recolección y análisis de pruebas.

La Nación intentó contactar telefónicamente y vía mensaje de texto a Miranda. Sin embargo, al cierre de edición no se obtuvo respuesta.

Presuntas presiones

En julio del 2024, la Municipalidad anunció que suspendía el servicio de parquímetros debido al vencimiento del contrato con la empresa española Setex-Aparki y, pese a que inicialmente sería por “cinco semanas”, el servicio se reanudó hasta abril del 2025.

En noviembre del 2024, el subdirector jurídico de la Municipalidad, Marvin Torres, presentó una denuncia contra Miranda y otros cuatro funcionarios, tras señalar supuestas presiones de la Alcaldía para que firmara un criterio legal que respaldara la decisión de declarar desierta una primera licitación para administrar los estacionamientos con parquímetro, dado que supuestamente la Alcaldía promovía una segunda.

Según su relato, supuestamente Miranda también les pidió retractarse de un criterio en el que advirtieron de problemas en esa segunda licitación que el alcalde promovió para alquilar una nueva plataforma de cobro para parquímetros.

Denuncia interpuesta ante la Fiscalía

Según el denunciante, el conflicto se originó cuando Torres asumió la dirección del proceso de revisión de esa contratación. En una primera etapa, explicó, rechazó la primera licitación sobre parquímetros por deficiencias y volvió a hacerlo después de que la Administración intentara subsanarlas.

Mientras el procedimiento estaba en revisión, según Torres, el alcalde impulsó una alternativa a esa primera contratación, para que funcionarios municipales administraran los parquímetros mediante la contratación de un programa de cómputo (software).

El funcionario aseguró que advirtió a la Alcaldía de que esa iniciativa podía entrar en conflicto con los derechos de la empresa que sería adjudicataria del servicio, debido a que la primera licitación todavía estaba pendiente de resolución por parte de la Contraloría General de la República.

Finalmente, la CGR resolvió a favor de la primera empresa adjudicataria (Consorcio Setex-Alpha-San José) y determinó que era jurídicamente elegible.

El funcionario sostuvo que, posteriormente, la Alcaldía intentó declarar desierta esa primera licitación por razones de interés público, con el argumento de que el contrato vigente resultaba más costoso que una alternativa basada únicamente en software.

Sin embargo, cuestionó esa comparación porque, según explicó, la contratación vigente incluía otros componentes, como motocicletas, computadoras, señalización vial, máquinas y la operación integral del servicio, mientras que la segunda alternativa contemplaba solamente el programa de cómputo. Rechazó el intento de la Administración, según narró.

Torres aseguró que un asesor de Miranda elaboró un criterio que respaldaba la posición de la Alcaldía y que recibió instrucciones para firmarlo. Sin embargo, se negó a hacerlo y por eso, después de analizar el documento con otros cuatro abogados, emitió un criterio jurídico contrario a esa propuesta.

El enfrentamiento se trasladó a la Comisión de Hacienda del Concejo Municipal el 3 de setiembre de 2024.

Según Torres, ese día entregó a los regidores una copia de su criterio, pues asegura que no se les había facilitado previamente. También afirmó que el asesor de Miranda presentó una posición contraria durante la sesión. Finalmente, los regidores votaron en contra de declarar desierta la licitación, de acuerdo con su versión.

Además de la vía penal, el exfuncionario afirmó que acudió a la Contraloría General de la República y solicitó la cancelación de las credenciales del alcalde.

El contrato fue finalmente adjudicado, en setiembre del 2024, al Consorcio Setex-Alpha-San José.