PPSO bloquea investigación sobre contratos millonarios de SGSV, empresa vinculada a financistas de su campaña
El Partido Pueblo Soberano (PPSO) rechazó este lunes 9 de noviembre una moción para investigar en la Asamblea Legislativa los contratos estatales obtenidos por la empresa SGSV Soluciones Tecnológicas Integradas S. A., vinculada a dos compradores de bonos de su pasada campaña electoral.
La propuesta de la diputada Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), obtuvo 23 votos a favor y 29 en contra. Contó con el respaldo de sus hómologos del Frente Amplio (FA), Liberación Nacional (PLN) y la Unidad Social Cristiana (PUSC).
La iniciativa pretendía que la Comisión de Contro de Ingreso y Gasto Públicos investigara las contrataciones de SGSV en el Cuerpo de Bomberos, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y otras entidades públicas.
Según Dobles, SGSV obtuvo contratos estatales por más de ¢8.000 millones en menos de cinco años, en las administraciones de Rodrigo Chaves y Laura Fernández.
Vínculos con el financiamiento electoral
Cristian Rodríguez Villalobos, quien en un documento de una contratación pública se identificó “representante legal” y en Linkedin aparece como director regional de ventas de la compañía, adquirió certificados por ¢43 millones.
Mientras, Hermmoth Rothe Paniagua, fiscal de la sociedad desde el 2015, compró otros ¢9 millones, según los registros entregados por Pueblo Soberano al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
El TSE mantiene una investigación abierta sobre el origen de los recursos. La moción de Dobles también señaló diferencias entre los montos reportados por el partido y los registrados por el Tribunal.
Contratos bajo cuestionamiento
La propuesta legislativa identificaba cuatro aspectos que, según Dobles, ameritaban una investigación:
- Oferentes únicos
- Procedimientos de excepción
- Falta de experiencia propia
- Posibles sobreprecios
Uno de los principales casos tiene que ver con la compra de 40 ambulancias por $13,8 millones, equivalentes a casi ¢6.500 millones, adjudicada por el Cuerpo de Bomberos, el 28 de setiembre anterior.
Esa institución invitó únicamente al consorcio integrado por SGSV y Bem Estar Hospitalar, de origen brasileño, pese a que otras dos empresas nacionales presentaron cotizaciones hasta $2,3 millones más baratas.
Otro procedimiento cuestionado corresponde al ICE, que invitó únicamente al consorcio Grupo PBS/SGSV para adquirir terminales de fibra ópticas por $7,45 millones, solo durante el primer año. Al 6 de noviembre, el contrato todavía no estaba adjudicado.
En el AyA, un consorcio donde aparece por SGSV resultó el único oferente admisible para un servicio de detección satelital de fugas de agua.
En la moción de la diputada de la CAC también se mencionó un aparente sobreprecio, superior a los ¢808 millones, en la contratación de tobilleras electrónicas que hizo el Ministerio de Justicia y Paz a otro consorcio donde aparece esa misma compañía con Radiográfica Costarricense (Racsa).
Según la información citada en el documento, Racsa pagó a SGSV $9,61 diarios por cada dispositivo, frente a los $5,99 establecidos en otro contrato vigente.
Investigación pretendía revisar adjudicaciones y financiamiento
La moción proponía un plazo de seis meses para examinar los procedimientos, identificar a los funcionarios responsables de autorizar las contrataciones y determinar si existieron eventuales conflictos de interés.
También buscaba establecer la relación temporal entre la compra de bonos electorales, los contactos con instituciones públicas y las adjudicaciones.
Dobles consideró necesario investigar las coincidencias entre las contrataciones y el financiamiento electoral para determinar si existieron favorecimientos indebidos.
“No estamos ante un contrato aislado, sino ante un patrón que se repite en distintas instituciones, con un solo oferente, procedimientos de excepción y adjudicaciones en áreas donde la empresa no tenía experiencia, pero sí representantes que son financistas de la campaña presidencial.
”La Asamblea tiene el deber de preguntar y de determinar con claridad si hubo o no favorecimientos indebidos. Si no hay nada que ocultar no se debe temer a una investigación”, recalcó la también ex primera dama.
Pese al rechazo legislativo, continúan abiertas investigaciones en la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, la Contraloría General de la República y el TSE.
La Fiscalía investiga la compra de ambulancias por un presunto tráfico de influencias, mientras otras instancias examinan aspectos de las contrataciones y del financiamiento electoral.