El exjefe de Antifraude de Cataluña solicita su reingreso en la Audiencia de Barcelona

Tras ser destituido por el Parlament la semana pasada por el escándalo suscitado por las grabaciones de sus conversaciones con el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, De Alfonso ya se ha puesto en contacto tanto con la Audiencia de Barcelona como con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para transmitirles su actual situación.

De Alfonso ha explicado este miércoles que todavía no ha pedido oficialmente el reingreso a su plaza de magistrado de la Audiencia de Barcelona, pese a que es su intención hacerlo en los próximos días, cumpliendo los plazos establecidos para ello.

Una vez que De Alfonso pida al CGPJ el reingreso a su plaza en la Audiencia de Barcelona, el asunto quedará en manos de la Comisión Permanente, que será la encargada de proceder a su reasignación.

"Es mi profesión. Yo tengo 27 años de antigüedad (en la carrera judicial)", ha indicado este miércoles De Alfonso, que ha aclarado que se ha puesto en contacto con el presidente de la Audiencia de Barcelona y con responsables de CGPJ "por cortesía" para explicarles su situación y contarles "lo que ha pasado". "He hablado con ellos, es de sentido común hacerlo. Tienen que saber lo que ha pasado. Si no lo hiciera, sería descortés por mi parte", ha agregado De Alfonso.

En un comunicado, la delegación catalana de la APM pide que se derogue de forma "inmediata" la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobada por PP y PSOE dos meses antes de las elecciones generales de 2011. Esta ley proporciona a los magistrados que son nombrados cargos de confianza un "régimen privilegiado" que facilita un sistema de "puertas giratorias".

"Los jueces que ejercen cargos públicos no jurisdiccionales, como el de Director de la Oficina Antifraude de Cataluña, no actúan como jueces o magistrados, sino en el ejercicio de los cargos de confianza para los que han sido elegidos, en este caso, por el Parlament a propuesta del presidente de la Generalitat", sostiene la APM. "Aceptar un cargo político o de confianza supone en todo caso entrar en la confrontación política para defender públicamente un proyecto, lo que lógicamente conlleva la pérdida de la apariencia de independencia e imparcialidad que requiere el ejercicio de la jurisdicción", remarcan los jueces progresistas.

La APM advierte de que los valores de independencia e imparcialidad no se recuperan "con la mera reincorporación a la carrera judicial, como si la toma de posesión en el cargo tuviera algo de mágico e hiciera independiente al sectario, ni es suficiente una genérica obligación de abstención de aquellos asuntos vinculados a la actividad política". "Los recientes acontecimientos -avisa la APM-, ponen de manifiesto el daño que causa a la imagen de la justicia la permisividad del sistema, lo que nos obliga a defender como asociación profesional la inmediata derogación de la reforma del año 2011", que permite a los jueces en excedencia regresar a la carrera judicial tras ejercer cargos públicos no jurisdiccionales.

La APM reconoce que "ni todos los jueces ni todas las situaciones son iguales", aunque defiende que "la norma tiene que regular situaciones generales y tener como objetivo fundamental reforzar la independencia de la función jurisdiccional y no facilitar el acceso de los jueces a la política".

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