Más de 13.500 millones de euros públicos, en riesgo por sentencias judiciales pendientes

Un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) estima por encima de los 13.500 millones de euros el dinero público que se encuentra pendiente de resolución judicial.

Las causas judiciales abiertas que tiene el Estado podrían llegar a sumar 13.500 millones de euros, en caso de resolverse desfavorablemente, según calcula la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en su Informe de Presupuestos Iniciales de las Administraciones Públicas 2024. En él, la AIReF estima el dinero público que se encuentra en “riesgo judicial”, es decir, pendiente de sentencia. 

En octubre de 2023, el Ministerio de Hacienda situó esta suma por encima de los 13.500 millones de euros, en su Cuenta General del Estado 2022, contando solo los riesgos cuantificables, aquellos con una cantidad definida de dinero en riesgo. Ahora, la AIReF recoge los procesos citados por Hacienda, algunas de ellas actualizados, y añade otros nuevos. 

Impuesto sobre hidrocarburos. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) está pendiente de decidir sobre la legalidad de este impuesto en su variante autonómica, aplicado entre 2013 y 2018. Según el informe de riesgos de la AIReF, el impacto de una sentencia negativa podría ser de hasta 6.500 millones de euros.

Recorte de primas a las energías renovables. El gobierno de Rajoy recortó las retribuciones fijadas por el de Zapatero para potenciar las renovables, provocando varias demandas por parte del sector. Desde entonces, aunque los arbitrajes están recurridos, España ha sido condenada a pagar 1.164 millones de euros, que podrían aumentar puesto que existen varios litigios abiertos.

Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU). La subida de este impuesto, conocido como “plusvalía municipal”, fue anulada por el Tribunal Constitucional en 2021. Las reclamaciones derivadas de esta sentencia pueden ascender hasta los 800 millones de euros, según Hacienda. 

El informe de la AIReF también menciona como riesgo judicial las posibles devoluciones derivadas de la sentencia de anulación de parte de la reforma del impuesto sobre sociedades en 2016, que se espera que se produzcan durante este año y el siguiente; así como a otros riesgos como los avales covid pendientes de cobro, que ascienden a 3.231,6 millones de euros, según el último informe del Instituto de Crédito Oficial (ICO).