El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, cancela su agenda para viajar a Varsovia
En este sentido, la comisaria europea de Interior, la sueca Ylva Johansson, ha advertido con toda delicadeza que Polonia debería ser «más transparente» en lo que respecta a la protección de sus fronteras con Bielorrusia. Y el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, «alarmado» por la situación en la frontera, pidió a Polonia que acepte la intervención de Frontex para defenderse de los «juegos de poder político» de la dictadura bielorrusa.
La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha decidido enviar a dos de sus vicepresidentes, el responsable de migración Margaritis Schinas y el Alto representante para la política extrerior, Josep Borrell, a los países de origen de los emigrantes que son llevados a Bielorrusia para pedirles «que actúen para evitar que sus propios nacionales caigan en la trampa tendida por las autoridades bielorrusas».
El actual Gobierno polaco, controlado por nacionalistas, y la UE sostienen un pulso inédito que incluye sanciones muy graves contra este país por negarse a someterse a la supremacía de la justicia europea y por no respetar las reglas básicas del estado de Derecho. Por ello es tan delicado para Bruselas combinar su imprescindible apoyo a un país que está sufriendo una agresión externa, pero sin que ello suponga que le consienta un comportamiento que incumple sus compromisos. Mientras tanto, el Consejo Europeo aprobó ayer una nueva medida de sanción contra Bielorrusia, que consiste en endurecer las exigencias para los viajes de sus funcionarios.