La futura implantación de la zona de bajas emisiones en Talavera de la Reina tuvo ayer opiniones encontradas entre el gobierno municipal socialista y la oposición del Partido Popular. Así, mientras que el concejal de Contrataciones y Seguimiento de Concesiones, Luis Enrique Hidalgo, ha informado de que esa zona no entrará en vigor hasta finales de 2023 y tendrá «excepciones» que estarán consensuadas con asociaciones de vecinos, empresariales, comerciales y agentes sociales, el concejal de PP Javier Muñoz-Gallego criticó la «chapuza» del PSOE de Agustina García en su implantación «que desde el PP llevamos avisando varios meses que entraba en vigor a principios de 2023». Por la mañana desde las filas 'populares' se censuró el «doble desbarajuste» que supone que el equipo de Gobierno de Agustina García quiera iniciar el próximo mes las consultas con los talaveranos «cuando esta zona se debería hacer efectiva desde el día 1», por lo que esos encuentros con la población «llegan tarde y mal». No obstante, a ese «caos» se suma el del Real Decreto de Pedro Sánchez para regular la implantación de este tipo de zonas, «mientras el concejal responsable, Luis Enrique Hidalgo, tampoco ha esclarecido nada acerca de lo que los talaveranos nos vamos a encontrar ». Por eso Muñoz-Gallego recordó que el PP lleva varios meses solicitando al equipo de Gobierno información porque entre los talaveranos «reina la confusión» y sobre todo la inseguridad económica ya que son muchos los comercios y los establecimientos hosteleros que desconocen cómo les va a afectar la puesta en marcha de la ZBE». Según el PP, los socialistas tampoco han explicado nada relativo a horarios, a aparcamientos disuasorios y si se aplicará alguna tasa especial a los vecinos que residen en todo lo que será la Zona de Bajas Emisiones. Para el edil este es sólo un ejemplo más de la pésima gestión que está llevando a cabo Agustina García en la ciudad, que gobierna «a golpe de impulso, sin ningún tipo de planificación». Casi 1.400.000 euros Poco después, el equipo de gobierno, por boca de su concejal Luis Enrique Hidalgo, informó de que la empresa que ejecute la instalación de las cámaras y sistema informático que regule esta zona si el procedimiento acaba en buen fin aún tiene que presentar una serie de documentación que avale la oferta que ha presentado y, a partir de ahí, se pasaría a la adjudicación definitiva y a la firma del contrato, comenzando entonces el plazo de ejecución, que es de unos 10 meses. Esta adjudicación, según señaló, «supone la instalación de las cámaras y del sistema informático que regularán esta zona de bajas emisiones, así como también la señalización horizontal y vertical , la instalaciones de paneles informativos que den cuenta del estado del tráfico y sensores de medición de la calidad del aire en toda la ciudad». Para ello, se cuenta con un presupuesto de casi 1.400.000 euros. Futura ordenanza Asimismo, el concejal destacó que desde el equipo de Gobierno ya se está trabajando en la futura ordenanza que regulará esta zona de bajas emisiones y que «en febrero comenzaremos a hacer una serie de consultas a asociaciones de vecinos, comerciales, empresariales y agentes sociales para conformar esta zona, una que lógicamente va a tener en cuenta las necesidades de estos colectivos así como la obligación de cumplir con esta normativa». Añadió que desde el equipo de Gobierno se va a buscar «llegar a un equilibrio que sea del agrado de todos» y que «en ningún caso habrá una prohibición total y absoluta del paso de vehículos rodados a esta zona». Igualmente, apuntó que «habrá excepciones y éstas son las que vamos a regular entre todos», y destacó que esta zona de bajas emisiones será « muy beneficiosa para mejorar el aire de la ciudad sin perjudicar la actividad económica o el día a día de los vecinos». Finalmente, el concejal recordó que esta zona de bajas emisiones se pondrá en marcha para cumplir con una normativa que viene impuesta desde la Unión Europea para cumplir con la Ley del Cambio Climático por la que todas las ciudades de más de 50.000 habitantes deben desarrollar, desde el 1 de enero de 2023, una reserva de tráfico destinada a reducir la contaminación.
