La directora general de la Guardia Civil, María Gámez, renunció este miércoles a su cargo tras conocer que su marido, Juan Carlos Martínez, ha sido formalmente declarado «investigado» –equivalente a imputado– ante un Juzgado de Sevilla por un presunto caso de corrupción en el que se investiga su participación como consultor y empresario en la creación de un centro de negocios en Madrid montado por la anterior Administración socialista de Andalucía. En concreto, el juez instructor le atribuye indiciariamente un papel similar al de un 'conseguidor', para lo cual se valió de su empresa, que fue contratada de manera «absolutamente fraudulenta», según consta en la investigación judicial. La imputación es solo la culminación de una parte de la investigación que lleva desarrollando el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla desde hace meses, donde se investiga también a otros parientes de María Gámez por supuesta prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales. De hecho, y como publicó ABC en exclusiva, el juez solicitó recientemente a Hacienda los movimientos correspondientes a los ingresos de la consultora de Martínez, y los vasos comunicantes que tenía con otra empresa perteneciente a la de uno de sus hermanos, que a su vez había sido alto cargo de la Junta de Andalucía cuando la agencia pública IDEA adjudicaba ayudas y subvenciones que ahora se investigan como corruptas. Y todo, en una etapa en la que ella había ocupado el cargo de delegada del Gobierno de la Junta en Málaga. A Gámez no le quedaba otra opción que su salida de la Guardia Civil. El entorno de aparente nepotismo familiar, unido a la sospecha de que con el PSOE en Andalucía se producía un tráfico de subvenciones sin aparente control y con favoritismo y endogamia partidista, dejaban poco margen a Gámez. Sencillamente, fue el PSOE el partido que cuando ejercía la oposición al PP puso un listón de ejemplaridad que a menudo incumple cuando la corrupción le afecta, pero que ahora, a escasos dos meses de las elecciones municipales y autonómicas, sí le exige contundencia. La misma contundencia, por cierto, que el Gobierno eludió escenificar mucho antes pese a que ABC ya viene denunciando públicamente este escándalo desde hace dos meses. Si María Gámez ha sido empujada a dimitir no es porque el PSOE atribuyera gravedad a los hechos desde que la investigación judicial se inició. De hecho, no movió un solo dedo en busca de destituciones. Si ha dimitido ahora, es porque tras el caso de su exdiputado Curbelo, 'Tito Berni', Pedro Sánchez no puede permitirse más tachas reputacionales que perjudiquen a sus siglas. El oportunismo es notorio por más que el ministro del Interior dedicase ayer muchos elogios a su subordinada. Tampoco han ayudado a Gámez las sospechas de que, precisamente en el marco del 'caso Tito Berni', continúe en prisión un antiguo general de la Guardia Civil, o que hayan empezado a trascender indagaciones sobre irregularidades en obras adjudicadas para la rehabilitación de edificios de este Cuerpo. La Guardia Civil es precisamente la coartada utilizada por el PSOE en el Congreso para tratar de desviar la atención sobre los escándalos de Curbelo para la compra de favores en el 'caso mediador', y derivarla justo hacia las irregularidades en la Guardia Civil. El silencio de Gámez desde el inicio de las investigaciones dadas a conocer por ABC era llamativo. No tenía sentido no dar una sola explicación pública porque las acusaciones del Juzgado ya eran graves hace semanas. Si las imputaciones son inciertas, a Gámez le habría bastado con replicar y defender la inocencia de su marido y de sus cuñados. Y si son ciertas, la dimisión llega tarde, por razonable que sea.
