La visión patrimonial de las instituciones y la ausencia de amistad cívica durante el gobierno de Pedro Sánchez no sólo se expresa a través de la erosión de los organismos del Estado, sino también en la ausencia de algo tan básico como la entrega de información al líder de la oposición sobre las cuestiones críticas de los asuntos públicos. Acabamos de asistir al nombramiento de la nueva fiscal de memoria democrática, la exministra Dolores Delgado, convocado a deshora por su antiguo subordinado y hoy jefe, Álvaro García Ortiz, quien le debe el cargo precisamente a Delgado y ahora nos imponemos de que Sánchez ningunea al jefe de la oposición respecto de los planes para la Presidencia de la Unión Europea de la que España se hará cargo dentro de dos sábados, el 1 de julio próximo. La ocasión de ejercer la presidencia rotatoria de la UE se presenta, tras la última ampliación, una vez cada 14 años. Y se sabe que el presidente del Gobierno había preparado con mimo esta oportunidad, convencido de que ella podía serle útil para la promoción de su imagen personal. Sin embargo, el propio Sánchez decidió ponerla en juego adelantando las elecciones al 23 de julio.El jueves, el presidente encabezó un solemne acto en el Salón Barceló de la Moncloa, con vicepresidentas y ministros clave, y una nutrida representación de los embajadores europeos, en los que detalló las prioridades de la presidencia española. Sin embargo, la oposición, que tiene buenas expectativas de convertirse en gobierno después del 23J, no fue invitada y mucho menos informada. Sánchez se limitó a minimizar el impacto de un cambio en el Ejecutivo –«no es la primera vez que, en Europa, durante una presidencia rotatoria, se celebran elecciones durante esa presidencia, y con cambios de gobierno también»– y dio a entender que el PP está informado a través de la comisión mixta Congreso-Senado sobre la Presidencia. No es la primera vez que Sánchez procede de esta manera con los asuntos de Estado que considera privativos suyos, avanzando un paso más en la deriva presidencialista que casi todos los jefes de gobierno han alimentado en España desde la Transición. Lo hizo durante la pandemia, en la que no buscó coordinarse con la oposición –solo lo hizo con las comunidades autónomas cuando se lo demandaron sus socios– y tampoco lo ha hecho durante la crisis de Ucrania ni en una cuestión tan crucial como la gestión de los fondos europeos. Más aún, Sánchez ni siquiera ha informado al Parlamento –lo que incluye a su propio partido, el PSOE– sobre las razones que justificaron el cambio unilateral que introdujo en la política exterior sobre Marruecos y el Sáhara. En abril pasado, el líder del Partido Popular Alberto Núñez Feijóo se reunió con el primer ministro sueco Ulf Kristersson, presidente de turno de la UE hasta el próximo 30 de junio y dijo de manera elocuente que «hemos dispuesto de más información de la presidencia sueca de la UE, que de nuestro Gobierno sobre la española» subrayando la anomalía democrática que supone no estar al tanto por su propio Ejecutivo. También se supo que el jefe de Gobierno sueco le había recomendado a Pedro Sánchez que consensuara con la oposición «los grandes temas» de la agenda. Sánchez no ha hecho caso y no parece que lo vaya a hacer, salvo que se vea abocado a ello por las urnas en el último momento, de prisa y corriendo. Es cierto que la Presidencia recae en el país y no en el gobierno, pero la falta de una voluntad política detrás de esta obligación hipoteca los objetivos y daña las potencialidades de nuestro país en una ocasión única que no se repetirá hasta 2037.
