Junts dice haber pactado con el Gobierno que las empresas «tengan su sede donde realicen su actividad económica principal»
Junts arranca al Gobierno una reforma de la Ley de Sociedades de Capital, tal como ha comunicado la formación independentista, para favorecer la vuelta de las empresas que trasladaron su sede de Cataluña. Contemplan, según el documento, la «reforma de la Ley de Sociedades de Capital mediante Consejo de Ministros para revertir el RD del PP de 2017 y que las empresas puedan volver a Cataluña». Lo que ocultan en ese comunicado es la modificación legal que prepararán para cambiar el concepto de domicilio. Según fuentes de Junts consultadas por este periódico, han acordado con el Ejecutivo «que las empresas tengan su sede social donde realicen su actividad económica principal». Esto se haría mediante la modificación de los artículos 9 y 10 de la citada norma, que es donde figura lo que se considera el domicilio de una empresa. Se trataría, en suma, de intentar forzar el regreso de las compañías fugadas por la vía legal. Noticia Relacionada Cesiones al independentismo estandar No Junts consigue de Sánchez la inmigración, publicar las balanzas fiscales y eliminar la cuestión prejudicial de la amnistía Daniel Tercero Los siete diputados de Puigdemont permiten tramitar dos de los tres decretos-ley en el Congreso, a pesar de haber defendido que votarían en contra El artículo 9.1 establece que «las sociedades de capital fijarán su domicilio dentro del territorio español en el lugar en que se halle el centro de su efectiva administración y dirección, o en el que radique su principal establecimiento o explotación». Y el artículo 10 fija que «en caso de discordancia entre el domicilio registral y el que correspondería según el artículo anterior, los terceros podrán considerar como domicilio cualquiera de ellos». Estos preceptos son los que Junts dice que ha acordado modificar para establecer el concepto de domicilio en base a «la actividad económica principal». Un concepto difuso en estos momentos que la formación todavía habría de concretar. El objetivo es hacer regresar a Cataluña el mayor número de empresas que se marcharon a raíz del referéndum ilegal del 1-O de 2017. En total, casi 9.000 compañías han decidido el cambio de sede desde entonces, algo que facilitaba el decreto que aprobó el por entonces Gobierno de Mariano Rajoy ya que permitía hacer el traslado de sede solo con el acuerdo del consejo de administración y sin necesitar a la junta de accionistas. Con todo, el gran objetivo del independentismo son las compañías de mayor tamaño que se fueron y no han vuelto. Estas son todo el entorno de La Caixa (la fundación/Criteria y Caixabank), Naturgy, Banco Sabadell, Cellnex, Abertis... que se mudaron a otras comunidades autónomas en busca de estabilidad y para transmitir tranquilidad a sus accionistas, clientes y proveedores.