El Patronato del Serla aceptó una aportación dineraria para el Serla en 2024 que asciende a 400.000 euros , la misma que el año anterior, con los votos en contra de CCOO y UGT porque la cuantía es «insuficiente» y dejará la mitad del año «al descubierto». La propuesta de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo salió adelante con el apoyo de la Junta y CEOE en la reunión extraordinaria para votar la aceptación de la aportación dineraria que, en su caso, la Administración concede a la Fundación. El secretario de Acción Sindical de CCOO en la Comunidad, Fernando Fraile, ha sostenido que «es una propuesta de ingresos totalmente insuficiente de la que además se desconocen las condiciones». Fraile ha advertido que «no garantiza la suficiencia económica y por lo tanto el funcionamiento del Serla» y ha añadido que «se impide la prestación de un servicio de interés general». Con esta financiación, ha acusado, el departamento que dirige Mariano Veganzones «continúa con el estrangulamiento financiero al Serla en su afán de destruir el organismo» y remarcó que abordar la financiación del servicio antes de que se aprueben los presupuestos de Castilla y León de 2024, constituye un «acto de fe». Igualmente, ha destacado que al no garantizar una financiación «adecuada y suficiente», la Junta «incumple la ejecución de la legislación laboral que tiene asumida» en relación con la conciliación-mediación obligatoria en los conflictos laborales, en virtud de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. «Volvemos a recordar al señor Carriedo que es la Junta la que tiene la obligación de financiar el servicio, por lo que le instamos a que no mire para otro lado y deje de tirar balones fuera», ha explicado, a pesar de que el consejero portavoz asegurara esta mañana, tras el Consejo de Gobierno, que el Ejecutivo «no tiene obligación de hacer estas aportaciones» . Noticia Relacionada estandar No El TSJCyL concluye que la Junta tiene la competencia sobre el volumen de las aportaciones al Serla ABC CCOO, UGT y el Ministerio de Trabajo pidieron en la Sala de lo Social de Valladolid que se anulara la rebaja a 400.000 euros de las aportaciones del Gobierno regional al la Junta al Servicio Regional de Relaciones Laborales En la reunión, CCOO ha reclamado que se apruebe una aportación «sin condiciones, para cubrir todos los gastos, enjugar el déficit, para garantizar la prestación del servicio y el funcionamiento en el ámbito competencial del Serla». Fernando Fraile ha considerado que «solo de esta manera la Junta podrá cumplir con las competencias asumidas». El sindicalista ha exigido el cumplimiento de los acuerdos del Patronato del Serla en 2016, en relación con la plantilla, «porque está por debajo de lo suscrito», y del Consejo del Diálogo Social de 31 enero de 2019, en relación con la extensión territorial y de competencias. Por su parte, el secretario de Acción Sindical de UGT, Raúl Santa Eufemia, ha expuesto a Ical que el sindicato ha votado en contra, «no por no agradecer el gesto, sino porque es un presupuesto que no resuelve el servicio completo al cien por cien». En este sentido, ha asumido la aportación de 400.000 euros, pero es una cantidad que «deja más de la mitad del año al descubierto». También criticó que la Junta solicite una modificación del presupuesto en el Serla el 18 de enero, cuando « no hay presupuestos generales de la Comunidad». «Si es prorrogado, como dice Carriedo, el presupuesto será de cero euros. Es un servicio roto y secuestrado», ha concluido. Por su parte, la secretaria general de CEOE Castilla y León, Teresa Cetulio, ha aclarado que votaron a favor de la aportación por un «ejercicio de responsabilidad», para no dejar sin funcionamiento al Serla, pero ha recalcado que la patronal ha hecho constar que era «insuficiente» para atender la actividad de este servicio de mediación laboral. Ellos, ha señalado, han optado por una posición «más práctica» que la de los sindicatos, pero reconoció que en el fondo comparten que los fondos que propone dedicar la Junta no son los necesarios. Además, demandaron que se agilice al máximo la llegada del dinero. Sin medidas de ahorro En un comunicado, la Junta ha recordado que la falta de adopción por parte del Serla de «ninguna de las medidas de ahorro» solicitadas por la Consejería llevó a que en el mes de diciembre el Gobierno autonómico tuviera que aportar los recursos suficientes para el pago de salarios de los trabajadores y sus cotizaciones sociales. Cabe recordar que desde el año 2022 la Consejería hizo una reducción adicional de gasto que, en concepto de asistencias técnicas, cobraban los sindicatos por su participación en el Serla. La actuación del servicio se limita a la mediación en conflictos colectivos en Castilla y León, e individuales en Valladolid, a pesar de que sindicatos y patronal acordaron extenderlo a todas las provincias en 2017. Sin embargo, la ausencia de financiación lo impidió. Ante las quejas sindicales, ha explicado el Ejecutivo, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) «falló en contra de sus pretensiones en 2023 al dictaminar su falta de jurisdicción sobre la autonomía financiera del Gobierno de Castilla y León , considerando que se trata de una decisión en el ámbito de la potestad de autoorganización de la administración, que debe supervisar el uso razonable de los recursos públicos». Asimismo, el TSJCyL ha sentenciado que el Protectorado de Fundaciones de la Junta no puede anular los acuerdos del patronato del Serla, «sino que en caso de observar alguna ilegalidad deberá impugnar los mismos ante la jurisdicción competente». Paralelamente a la actividad del Serla, en Valladolid, la Consejería de Industria, Comercio y Empleo ha atendido 15.117 procesos de mediación en conflictos laborales de los trabajadores castellanos y leoneses previos a la vía judicial. Se trata de la cifra más alta desde 2020, con un incremento en los casos atendidos del 9,22 por ciento desde 2022 y del 19,4 desde 2021. Esta labor se lleva a cabo desde las Oficinas Territoriales de Trabajo, que atendieron el cien por cien de las solicitudes de los trabajadores. En concreto, Ávila medió gratuitamente en 933 casos; Burgos en 4.075; León en 4.073; Palencia en 1.111; Salamanca en 2.087; Segovia en 1.032; Soria en 586; Valladolid en 76, y Zamora en 1.144. El Servicio de Mediación y Arbitraje que presta la Consejería lleva en funcionamiento desde 1995 y «se consolida tras estos datos como uno de los servicios mejor valorados por los trabajadores y empresarios de Castilla y León por su alta calidad, eficacia y su gratuidad» , a diferencia del Serla, que «no consigue atender todos los conflictos que se le presentan y viene suponiendo un claro supuesto de duplicidad injustificada».
