Las enmiendas de Junts y ERC que no aceptó el PSOE son la única vía de los separatistas para blindar a Puigdemont
Cuando parecía que la ley de amnistía estaba ya perfectamente ajustada entre el Gobierno y sus socios separatistas, el nuevo auto del juez Manuel García-Castellón ha provocado que el encaje de Carles Puigdemont en el olvido legal diseñado para los implicados en el 'procés' esté en peligro. Según el magistrado, los organizadores de Tsunami Democràtic –entre los que sitúa al propio expresidente catalán– son responsables de delitos que no serían amnistiables según el texto que está previsto votarse el próximo martes. Un problema para Junts , que ve cómo su líder podría quedar fuera de una ley que en principio está pensada para propiciar su vuelta sin mácula a Cataluña. La única vía que queda para que los separatistas puedan blindar a Puigdemont es añadir una de las enmiendas que aún siguen vivas y que son, precisamente, las que el PSOEse negó a aceptar en la Comisión de Justicia . Enmiendas que en esta parte de la tramitación no pueden ser ya negociadas y tendrían que sumarse al texto sin modificaciones. La que blindaría totalmente al prófugo es la que elimina cualquier mención al terrorismo en todos sus extremos, algo a lo que los socialistas se opusieron durante la negociación de la semana pasada, al entender que eso podría causar un problema con Europa. Tres policías sufrieron lesiones graves durante el 18 de octubre de 2019, justo después de conocerse la sentencia del Tribunal Supremo que condenaba a los líderes del 'procés'. Este ataque lo traduce el juez como una presunta acción terrorista «incompatible con el derecho a la vida y la integridad física» que blinda el Convenio Europeo de Derechos Humanos , el mismo que la redacción actual de la ley excluye de la aplicación de la amnistía. Noticia Relacionada estandar Si El PP dice que el CNI espió a Aragonès porque Sánchez consideraba a ERC «un partido peligroso» Víctor Ruiz de Almirón Defienden que el líder del PSOE no puede alegar desconocimiento sobre el espionaje Habrá que ver hasta qué punto las posibles presiones de Junts y ERC durante las tres jornadas que quedan hasta el pleno del martes hacen que el PSOE vuelva a ceder para ampliar la aplicación de la amnistía. Mientras, en la Audiencia Nacional, el juez García-Castellón sigue practicando diligencias para perfilar los hechos que atribuye a Tsunami. En un auto firmado ayer, incluyó «que entre sus objetivos podría estar actuar al paso de la comitiva del Rey», en Barcelona en julio de 2020, durante su visita para asistir a los Premios Princesa de Girona . Solicita a la Guardia Civil que investigue quién filtró a la plataforma información sobre el dispositivo de seguridad. Sospecha de un miembro de los Mossos. La conclusión parte de una conversación intervenida durante la investigación entre uno de los presuntos cabecillas de la plataforma, Josep Campmajó , y una persona agendada como ' Xuxu Rodondaire '. Se sospecha que es un agente policial y probablemente mosso, porque le proporciona «pormenorizadamente diferentes aspectos relativos a los preparativos de seguridad» de la comitiva, como las «pasadas adelante y atrás por todo el recorrido» que hace la Guardia Real. «Un par de horas antes, dos veces hacen el recorrido con toda la comitiva (sin la personalidad) y la comitiva es larga», le traslada Xuxu, para añadir: «Explícame qué queréis hacer y os diré si vale la pena o es perder el tiempo, como en el Camp Nou », en referencia al fallido boicot de un partido entre el Barcelona y el Real Madrid que organizó Tsunami en diciembre de 2019. La resolución, que acuerda otras diligencias como requerir más informes sobre el fallecimiento de un turista en El Prat cuando fue asediado, apuntala además el delito de terrorismo a partir de la concentración que se produjo en la jornada de reflexión de los comicios de 2020, a la que acudieron miles de personas. Para García Castellón , «una de las formas más palmarias de desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas del Estado», que es lo que recoge el tipo penal del delito de terrorismo, «consiste en tratar de interferir en el proceso electoral». Y aquí aprecia que «existen indicios que permiten inferir que hubo una intención manifiesta de afectar a un proceso tan transversal para el funcionamiento del Estado de derecho, como son las elecciones». Cuestiona que la Guardia Urbana no levantase un solo atestado cuando fue «algo más que una concentración» y cuestiona que no recoja «información alguna sobre este extremo». Pide a Mossos y Guardia Civiil que informen.