Un 'ranking' público para que los usuarios puedan comparar y «elegir con garantías»
Una vez que las Cortes den luz verde a la nueva ley que marcará las pautas para la gestión de las residencias de mayores públicas y privadas –está a punto de comenzar el debate de las enmiendas parciales después de superar la enmienda a la totalidad del PSOE–, se pondrá en marcha un nuevo modelo de evaluación de la calidad de los geriátricos , pero también de los centros de día para cuidados de larga duración. Según figura en el proyecto de ley, se trata de un 'examen' anual que deberán pasar los centros como «sistema de verificación» que se define como estratégico» de cara también a que sea un impulso a la innovación. Será clave para mejorar y tendrá en cuenta la opinión de los propios residentes en cuanto a su calidad de vida y al respeto de sus derechos. Se hará a través de un instrumento técnico que aún está por definir y que será la herramienta para medir estos parámetros junto a otros más puramente técnicos y organizativos. De ahí saldrá una especie de ´ranking'. El resultado de la evaluación será público –se colgará en la web de la Junta–, las residencias están «obligadas»a facilitar información y el acceso a las instalaciones y de todo ello surgirá una puntuación global. Esa nota final servirá para que los «futuros usuarios» puedan comparar y «elegir con garantías el centro de su elección», indica también el texto. Noticia Relacionada estandar No Cierran una residencia de mayores de León por incumplir la normativa de trato hacia sus usuarios Rosa Álvarez Se ha marcado el día 11 como fecha límite para el traslado de los residentes, que están siendo derivados a otros centros Entre las cuestiones a examen están si se respetan la dignidad y libre elección de las personas usuarias , si hay o no una adaptación permanente de los planes de apoyo a los proyectos de vida de los residentes o el bienestar emocional de los que allí viven. Además, el proyecto de ley hace hincapié en que «todos los informes de evaluación harán constar de forma obligatoria el número de personas atendidas que tienen implantadas medidas de sujeción», una práctica a la que quiere poner coto la nueva legislación reduciéndola a casos muy puntuales en las que peligre la integridad del usuario o el cuidador. Planes de mejora El sistema establece también los criterios de lo que será el aprobado. Es decir, además de los requisitos que se exigen para poder comenzar a funcionar y mantenerse, habrá una puntuación mínima que residencias y centros de día deban cumplir. En el caso de la concertación social, habrá una resolución del gerente de Servicios Sociales que fije esa nota mínima que tendrán que conseguir los servicios prestados para «poder acceder a la concertación o a la prórroga de la misma». Ese mismo aprobado será el que se exija también como nivel básico a la calidad de los centros de titularidad pública. Cuando no se alcance, «deberá establecerse un plan de mejora aprobado por el titular del centro público con todas las medidas necesarias para corregir las deficiencias que se hayan evidenciado». Además, esa hoja de ruta llevará un plazo de implantación que no podrá ser superior a un año. Las residencias privadas también podrán poner en marcha un plan de mejora para 'subir nota' y ser de nuevo evaluadas por los técnicos de la Consejería de Familia. No obstante, la revisión no podrá realizarse antes de seis meses desde el informe publicado anteriormente. La idea es que este nuevo mecanismo pueda suponer un análisis anual «amplio», en palabras de la consejera de Familia, Isabel Blanco, en la presentación de la nueva ley, que muestre con transparencia los servicios de las residencias y acompasar la evaluación de los centros autonómicos a lo que ya se hace en otros países del entorno.