Aún hay jueces en España

Pocos políticos en España han sido sometidos a un escrutinio judicial tan exigente como el que ha sufrido Francisco Camps. Tras un calvario judicial en el que se le abrieron diez causas y por las que fue investigado durante más de quince años, la Audiencia Nacional ha absuelto al expresidente de la Comunidad Valenciana del delito de tráfico de influencias en concurso ideal con el delito de prevaricación del que se le acusaba en el juicio del caso Gürtel. Con esta sentencia se cierra su última causa con la justicia y queda definitivamente ratificada su inocencia en una serie de procesos que trascendieron lo meramente judicial y que llegó a convertirse en un verdadero linchamiento mediático que ahora se demuestra infundado. Camps ha sido declarado inocente en todas las causas por las que ha sido juzgado y, tras esta última sentencia, quienes se lanzaron a participar en una campaña de desprestigio contra él deberían, por puro decoro, asumir su responsabilidad en lo que fue un injustificado e interesado asedio público. La sentencia absolutoria demuestra, además, un hecho obvio que se ha venido defendiendo insistentemente en la páginas de este diario: en una democracia, la culpabilidad de cualquier ciudadano sólo pueden determinarla los tribunales. Este caso evidencia la independencia de nuestra Justicia pues, tras diez causas abiertas, nadie puede negar el rigor y el celo con el que se ha examinado judicialmente a Camps, que siempre se reclamó inocente y rechazó aceptar una pena leve a cambio de ahorrarse este prolongado suplicio, como sí hicieron otros acusados. Es importante destacar esto sobre todo en tiempos en los que desde el poder se habla irresponsablemente de 'lawfare', un término importado de los populismos iberoamericanos y que no tiene cabida en nuestra tradición jurídica. Hay quienes diariamente intentan deslegitimar a la Justicia imputándole inclinaciones conservadoras o sugiriendo que está al servicio de una determinada estrategia política, cuando en realidad la evidencia en contra es aplastante. En los últimos años, las condenas de Rodrigo Rato, Jaume Matas o el procesamiento de Eduardo Zaplana y del mismo Camps desmienten a quienes intentan crear la impresión de una Justicia sesgada. No cabe duda de que ésta debe mejorar sus plazos, pero el rigor y la independencia con los que se juzga a nuestros representantes públicos es una prueba de calidad democrática y de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. La estrategia de Pedro Sánchez y de sus socios, obcecados en proyectarse como víctimas de una persecución judicial imaginaria, se derrumba ante una realidad tan robusta como la que ha padecido el antiguo dirigente popular.