Varapalo a la fiscalía por las lagunas de impunidad

Por una mínima consideración de sí mismo, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, debería pararse a pensar y asumir que su continuidad al frente de la Fiscalía ya resulta indigna. Su intento de recusar a unos magistrados del Tribunal Supremo fue ayer mismo desestimado de plano, con unas críticas del tribunal que harían sonrojar a cualquier jurista. Siempre podrá decir que se trata de un asunto privado. Sin embargo, el revés que le ha propinado la Audiencia de Madrid al Ministerio Fiscal excede con mucho a la figura de García Ortiz, porque es una desautorización en toda regla del precipitado recurso que interpuso la institución para frenar la investigación sobre la esposa del presidente Sánchez. La Fiscalía impugnó el auto de un juez de instrucción por el que admitía una denuncia de Manos Limpias por hechos aparecidos en la Prensa. Nada insólito en lo que hizo el juez. Lo insólito es que el fiscal, en un caso de poca entidad penal, en un sencillo juzgado de instrucción de Plaza de Castilla, se espoleara para impugnar la admisión de la denuncia al día siguiente de la decisión judicial. La respuesta de la Audiencia ha sido templada y firme. Analiza cada motivo del recurso, revisa las actuaciones del juez instructor, valora los indicios y confirma la investigación en curso. Lo normal. Lo que no es normal es que los magistrados de la Audiencia digan que el recurso del fiscal es «inusual» y que su pretensión «podría llevar a crear lagunas de impunidad» en esa delincuencia en la que se mezclan apariencias lícitas que encierran contenidos delictivos. Repárese en que un tribunal colegiado desvela el intento de la Fiscalía de crear impunidad. No debería necesitar nada más el fiscal general del Estado para dimitir.