La muerte de otros dos agentes de la Guardia Civil en la lucha contra el narcotráfico a 80 millas de la costa de Huelva, no permite al Gobierno más aplazamientos en las decisiones que hay que tomar de forma urgente para frenar esta delincuencia, cada día más organizada y más violenta. Los fallecimientos fueron causados por el choque de dos patrulleras del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, mientras perseguían a una narcolancha. El debate inacabado empezó en febrero de 2024 tras el asesinato de dos agentes por unos narcos que hicieron pasar por encima de ellos la lancha que pilotaban. La reactivación del narcotráfico en las costas del sur de España coincide con el desmantelamiento de OCON-Sur (Organismo de coordinación de operaciones contra el narcotráfico), por decisión de Grande-Marlaska en septiembre de 2022. La eficacia de este dispositivo desplegado en la zona del narco más activo permitió operaciones de gran éxito, con la incautación de 1.400 toneladas de droga y diversos desmantelamientos de redes, cuyos dirigentes fueron enviados a la cárcel. A partir de la disolución de este organismo, cayeron las incautaciones de droga, el número de detenidos y el número de causas judiciales. Son datos estadísticos y quejas planteadas por la Fiscalía Antidroga de Andalucía. No son bulos. Los dos agentes muertos en Barbate, hace más de dos años, no han sido suficiente acicate para reactivar el OCON-Sur u otra fórmula similar para desplegar una fuerza de élite, homogénea y con mando unificado, conocedora del terreno y de las redes del narco y de sus dirigentes y con reglas contundentes para responder a las agresiones. Los miembros de estos carteles se han hecho más violentos, con el uso nada disimulado de armas de guerra, como se vio en el tiroteo a un helicóptero de la Guardia Civil sobre el Guadalquivir el pasado febrero. Además, los nuevos pilotos de las narcolanchas son más temerarios y agresivos, y no tienen reparo en asaltar las embarcaciones de los agentes. Es evidente que los narcos de la zona de la Línea y de la desembocadura del Guadalquivir quieren controlar sus territorios, lo que supondría un salto cualitativo muy grave en la evolución de esta delincuencia organizada. Pasar de la clandestinidad a la territorialidad es algo que está sucediendo en algunos barrios de urbes europeas con consecuencias nefastas no solo para la seguridad ciudadana, sino también para la plena vigencia y autoridad del Estado. Resulta necesario dotar al Estado de una presencia de élite y constante en estas zonas, ir abiertamente a la derrota del narco, lo que también requerirá inversiones y políticas sociales, y plantearse seriamente una reforma legal que mande este narcotráfico a los juzgados centrales de la Audiencia Nacional, idóneos para sacar a sus dirigentes de esa zona de confort en la que viven actualmente. Y, por supuesto, dotar a la Guardia Civil de medios superiores a los del narco, visto que el Gobierno maneja con soltura miles de millones en defensa, sin pasar por el Parlamento. También las Fuerzas de Seguridad son una infraestructura crítica del Estado para mantenerlo en pleno ejercicio de su soberanía, en cualquier parte del territorio nacional.
