Una estrategia de intimidación institucional

La declaración institucional aprobada por unanimidad por el Consejo General del Poder Judicial marca un punto de inflexión en una deriva que se prolonga desde hace meses. El órgano de gobierno de los jueces rompe al fin un silencio difícilmente justificable mientras se sucedían ataques contra magistrados, fiscales y policías que investigan causas que afectan al entorno político y familiar del presidente del Gobierno y de su partido. Durante este tiempo, esas descalificaciones no han procedido solo de la izquierda extrema, sino también de partidos de la mayoría gubernamental. Se ha intentado presentar como conspiración judicial lo que es el funcionamiento ordinario del Estado de derecho. La tesis del 'golpe judicial' no es una crítica legítima: es una estrategia de intimidación institucional. La unanimidad del CGPJ tiene un valor político evidente. Vocales conservadores y progresistas han coincidido en la gravedad del momento. Hay que tener en cuenta que el Consejo no es un mediador entre el Gobierno y los jueces. Su razón constitucional es proteger la independencia judicial. Si calla ante ataques sistemáticos se vacía a sí mismo de contenido. Por eso su reacción era obligada, pero la unanimidad tiene ahora un valor diferencial: cuando desaparecen las diferencias ideológicas a la hora de defender la independencia judicial ya no cabe reducir el asunto a una disputa partidista. Lo que está en juego es la separación de poderes. Las revelación de los últimos días han desatado la indignación entre los profesionales de la Administración de Justicia. No es casual que cinco de las siete asociaciones de jueces y fiscales hayan reprochado al CGPJ falta de contundencia en su comunicado. Su queja expresa un hartazgo acumulado ante una escalada que ya no se limita a declaraciones políticas, por graves que sean. Las informaciones sobre las llamadas 'cloacas' del PSOE apuntan a algo mucho más perturbador: la presunta investigación y seguimiento de una juez para encontrar elementos con los que desacreditarla, intimidarla o, en el peor de los casos, extorsionarla. El caso de la juez Beatriz Biedma, instructora de la causa contra el hermano del presidente del Gobierno, simboliza ese salto cualitativo. En democracia, las resoluciones judiciales pueden ser discutidas, recurridas y criticadas. Lo inadmisible es trasladar la presión desde las decisiones a las personas que las adoptan. Si un juez puede llegar a percibir que investigar al poder implica convertirse en objetivo de campañas de hostigamiento personal, el daño alcanza al conjunto del sistema judicial. Por eso este episodio excede cualquier causa concreta. Cuando se desacredita a jueces, fiscales, policías, Parlamento o prensa, no se combaten abusos: se intenta neutralizar a los contrapoderes. La independencia judicial no es un privilegio corporativo, sino la garantía de que todos son iguales ante la ley. Como muchos miembros del poder judicial, pensamos que el CGPJ debió reaccionar antes. Ahora debe sostener esa defensa con renovada firmeza. Proteger a los jueces es proteger la Justicia, y proteger la Justicia es preservar la democracia constitucional.