El castrismo no distingue entre los que disienten
LA HABANA, Cuba. – A inicios de la pasada década, estando bajo arresto en una unidad policial de Marianao, el oficial de la Seguridad del Estado que me interrogaba y que se identificaba por un nombre ruso que lo más probable es que no fuese el suyo, me dijo, en respuesta a mis reclamos, que para ellos, los periodistas independientes y todos los que se opusieran al gobierno (la Revolución lo llamaba él) éramos “lo mismo que los alzados del Escambray”.
En efecto, el régimen castrista no hace distingos entre los que disienten de él. Aunque sea un ápice el disenso. Siempre ha sido así. En su mentalidad de guerra y plaza sitiada, no considera que exista una oposición, sino “una contrarrevolución alentada y financiada por el gobierno norteamericano”, y que es la misma desde 1959 hasta hoy, con otros métodos y tácticas pero el mismo objetivo.
Los que luchan por la democracia, aunque lo hagan por métodos pacíficos, son considerados como enemigos de la Nación —que para el régimen es la Revolución, el Estado y el Partido Comunista—, asumidos como “mercenarios” y descendientes directos de los grupos anticastristas armados de los años 60 y 70. Y recordemos que a los alzados ni siquiera les reconocían el estatus de oponentes políticos en armas, sino que los calificaban como “bandidos”.
No solo los que se oponen frontalmente al régimen, sino también los moderados que aspiran a reformar el sistema dentro de los muy estrechos espacios que deja la institucionalidad y la legislación constitucional, incluso desde posiciones socialistas, son considerados como enemigos. Está reciente la algarabía de la jauría oficialista contra los llamados “centristas” y las presiones que asfixiaron a Cuba Posible, a pesar de que oposición más leal y tímida ni en el Politburó.
Todos son considerados enemigos y tratados como tales: los opositores, las Damas de Blanco, los periodistas independientes, los artistas contestatarios que se oponen al decreto 349, los activistas de derechos humanos y contra el racismo, la comunidad LGTBI que se sale del CENESEX…
Recientemente, el Fiscal General de la República, en un avieso recordatorio, amagó con la Ley 88, de “Protección de la Independencia Nacional y la Economía”.
Dicha ley, promulgada en 1999, y que fue aplicada contra los 75 encausados de la ola represiva de la primavera de 2003, tipifica como delito grave prácticamente cualquier ejercicio de oposición, por considerar que sirve a los objetivos del gobierno norteamericano.
En los incisos primero y segundo del capítulo cuarto de la Ley 88 se contemplan penas de entre 8 y 20 años de cárcel para el que “suministre, directamente o mediante terceros, al gobierno de los Estados Unidos, sus agencias o dependencias, representantes o funcionarios, información para facilitar los objetivos de la Ley Helms-Burton, el bloqueo o la guerra económica contra nuestro pueblo, encaminados a quebrantar el orden interno, desestabilizar el país, liquidar el estado socialista y la independencia de Cuba”.
Como se ve en toda esta palabrería, para ser castigado, cualquiera cabe en el saco.
La Ley 88 es particularmente peligrosa ahora, cuando la activación del título III de la Ley Helms-Burton ha exacerbado la histeria del régimen, habitual en sus momentos de aprieto.
Si bien le causa daños, fundamentalmente por espantar a eventuales inversionistas extranjeros, la activación del título III de la Ley Helms-Burton ha traído cierto beneficio político al régimen. Le sirve para atrincherarse aun más, alimentar su discurso ultranacionalista y patriotero y posar como defensor de la soberanía nacional. Además, le da pretextos para hacerse la víctima ante el mundo, aumentar la represión, justificar sus descalabros económicos y responsabilizar al gobierno norteamericano por las duras vicisitudes que atraviesa la población cubana. Y lo que es más importante: refuerza al sector inmovilista y sirve para desestimular a eventuales reformistas, ahora agazapados, que pudieran aparecer en las filas del gobierno y sus instituciones, porque saben que en estas circunstancias de asedio, serían puestos en la picota por “traicionar la unidad de la Revolución y el Partido frente al enemigo”.