La Junta «garantiza» los 7.000 empleos creados con o sin 35 horas
Con independencia de lo que decida el Tribunal Constitucional, la Junta de Andalucía «garantiza» el mantenimiento de los empleos creados para cubrir la reducción de la semana laboral de los funcionarios a 35 horas, una medida suspendida cautelarmente tras el recurso del Gobierno de Mariano Rajoy y que afecta a 7.000 empleados públicos. «No habrá despidos», insistió la consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta, María Jesús Montero en la presentación del Proyecto de Presupuestos de Andalucía para 2018. Las cuentas incluyen una subida salarial para los 270.000 empleados públicos del 1,5% y 9.013 millones para el Servicio Andaluz de Salud. «La mayor partida de su historia» es el nuevo eslogan contra las mareas blancas. El capítulo de Personal, por su parte, acapara 10.668 millones, un 4,2% más que el pasado ejercicio y el 30,7% del total.
Los 153,5 millones de incremento incluyen a los 7.000 nuevos puestos de trabajo creados por la aplicación de una reducción de la jornada a 35 horas. Además, los Presupuestos blindan el salario mínimo para los empleados a jornada completa por encima de los 1.000 euros, una petición de los sindicatos. Las cuentas también recogen la devolución del 25% de la paga extra pendiente de 2012. CC OO denunció que la Junta «se declara en rebeldía al no cumplir» la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sobre la «paga extra de 2012» de los profesores de la concertada, y lamentó que el proyecto de Presupuestos «mantenga la deshomologación y la discriminación» con este profesorado. CSIF criticó que no se recoja el pago de las extras de 2013 y 2014, aunque resaltó el esfuerzo en la inversión en servicios públicos y la reforma fiscal.
Los Presupuestos incluyen los 198 millones para la renta mínima de inserción social, contra las situaciones de pobreza.
Para promocionar el empleo se destinarán 2.183 millones, de los que 546 se invertirán en el programa industrial de incentivos, minería, digitalización y comercio. En los pasados presupuestos ya se habló de un plan industrial de 200 millones.
Otro de los apartados destacados es la modificación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones. La Junta deja de ingresar 707 millones por este concepto.
Montero, sobre las 35 horas, señaló que espera que entre ayer y hoy el Gobierno central tenga que comunicar al Tribunal Constitucional si da su consentimiento para que se levante la suspensión cautelar del decreto andaluz tras el recurso de inconstitucionalidad que interpuso. «El contador sigue corriendo y, por tanto, el Gobierno central, dependiendo de cuándo le entregó el requerimiento el Tribunal Constitucional, tiene el plazo para dar el consentimiento para el levantamiento de la suspensión cautelar», subrayó. Montero insistió en que el PP-A «miente» cuando dice que el Gobierno andaluz no ha querido negociar este asunto con el Ejecutivo central, destacando que ella misma ha «levantado el teléfono para negociar» con el Gobierno central, «que no ha hecho ninguna propuesta». «Soy optimista y me gustaría que el Gobierno le comunique al Tribunal Constitucional el levantamiento de la suspensión cautelar», dijo.
El vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, Manuel Jiménez Barrios, trasladó al Partido Popular de Andalucía que será en el trámite parlamentario donde el Gobierno andaluz se sentará con todos los grupos políticos para analizar el proyecto de ley y lamentó –tras la petición el día de presentación del proyecto por parte de la secretaria general del PP-A, Loles López, de una reunión «lo antes posible»– que intente «romper el acuerdo» presupuestario entre el Ejecutivo y Ciudadanos. Jiménez Barrios invitó al PP-A a «hacer los deberes» y abandonar las «posturas de cara a la galería», señalando que son «públicos y notables los desacuerdos» entre el Gobierno y el Partido Popular en materias como la jornada de 35 horas, el impuesto de sucesiones, la renta mínima y la dependencia, por poner solo algunos ejemplos, además de las «diferencias ideológicas que separan a ambas formaciones».
Izquierda Unida criticó que los Presupuestos «no son de izquierdas, no combaten el desempleo y no cosen la actual brecha social».