Las cuatro asociaciones judiciales rechazan que se hable de «presos políticos» en España
Las cuatro asociaciones de jueces han mostrado este jueves su rechazo a hablar de "presos políticos" en España y han defendido la independencia de un sistema de justicia penal como el español, que es "plenamente garantista y acorde con los estándares europeos propios de un estado de derecho".
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Juezas y Jueces para la democracia (JJPD), Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente han mostrado su rechazo ante quienes han cuestionado el envío a prisión de los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmniun Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente.
En concreto, se refieren a las medidas cautelares acordadas por la Jueza del Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, que acordó prisión incondicional sin fianza para los líderes de ANC y Òmnium por un presunto delito de sedición por instigar las manifestaciones de los pasados 20 y 21 de septiembre en Barcelona.
En un comunicado conjunto, han subrayado que los magistrados en España "son independientes e imparciales" y el sistema de justicia penal es "plenamente garantista y acorde con los estándares europeos propios de un estado de derecho".
Asimismo, las cuatro asociaciones judiciales han recordado que cualquier persona privada de libertad en España "ha de estarlo con arreglo a derecho, estando excluidos los presos por razón de sus creencias o ideas políticas". "Bajo ningún concepto se puede hablar, pues, de 'presos políticos'", han enfatizado.
"En una sociedad democrática como la española, la fiscalización pública de la actuación de los órganos judiciales le preserva frente a eventuales actuaciones arbitrarias, injustas o irrazonables", han hecho hincapié.
En la misma línea, han recordado que el Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos, del que España es parte, reconoce el derecho "a un juez independiente y alejado de los intereses de las partes en litigio" y facilita "mecanismos legales" para apartar del conocimiento de un caso concreto al juez en quien concurra alguna causa que le impida el ejercicio imparcial de la función jurisdiccional. Además, todas las resoluciones judiciales han de estar fundadas en derecho y son revisables por un tribunal superior.