Un único inspector pesquero para cien millas de costa y cuatro lonjas
El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) ha recurrido al Defensor del Pueblo regional tras constatar un hormigueo: el que provoca la compresión de una realidad. Le ha pedido por escrito a la institución que dirige Jesús Maeztu que se implique en el combate contra «la situación insostenible por la que desde hace tiempo está atravesando el departamento de Inspección Pesquera de la Junta en Huelva, dependiente de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (Agapa)».
En la queja, que firma el presidente del sindicato, Carlos Sánchez, y a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, se denuncia que desde el pasado 1 de septiembre el mencionado departamento cuenta sólo con «un inspector pesquero debido a la resolución del reciente concurso de méritos en el ámbito de la Administración General de la Junta que ha dejado a la inspección pesquera sin personal funcionario» adscrito al mismo. Y ello a pesar de que los responsables de éste conocían «desde el pasado 15 de julio» cómo quedaría el departamento tras el concurso y de que el SAF ha alertado en múltiples ocasiones a miembros de la Agapa de la falta de recursos humanos y materiales que repercute en el trabajo de los inspectores.
En concreto el departamento onubense tiene que hacer frente a diario a «inspecciones en el mar con más de cien millas de costa» a su cargo, en cuatro lonjas, en recintos pesqueros, en centros de expedición, mayoristas, minoristas y en establecimientos de restauración, además de ocuparse de controles de carreteras, según traslada el SAF al Defensor. Carga laboral de la que se ocupa ahora una sola persona.
Al dibujo coyuntural hay que añadir que los inspectores pesqueros de Huelva han constatado, según la organización sindical, que «el 70 por ciento del pescado y marisco que sale a comercialización es ilegal, economía sumergida, y puede dar la apariencia de ser amparada por los propios responsables de la Administración al no proporcionar los medios personales y materiales necesarios para aumentar su control, a sabiendas de su necesidad», sostiene Sánchez. Y proporciona otro dato a Maeztu: en lo que va de 2017, la inspección pesquera de Huelva ha procedido «al decomiso de más de 27.000 kilos de productos» pesqueros que «carecían de todo tipo de documentación», así como de otros «inmaduros». Gracias, defienden desde el SAF, a «la profesionalidad» de los funcionarios afectados que, en su «afán» por hacer cumplir la ley, han trabajado «horas extra» y «de noche» sin «tener previsto normativamente en sus horarios ningún tipo de jornada especial».
En ese escenario, el ente sindical lamenta que la Agapa no haya llevado a cabo «trámite alguno» para ocupar, por «los procedimientos legalmente establecidos en los supuestos de urgencia y oportunidad», las «cinco plazas vacantes y dotadas de inspector pesquero» con las que cuenta la relación de puestos (RPT) de la provincia onubense. Apunta además a la ausencia de plazas de acceso libre en las sucesivas ofertas de empleo público (OEP) del Gobierno autonómico para el Cuerpo Superior Facultativo y de Grado Medio, opción Pesca. «En los últimos nueve años –se anota en el escrito elevado al Defensor– no ha salido ofertada ni una plaza» ni se ha hecho uso de «la bolsa de interinos» que, de existir, «debe datar del año 2007». El SAF teme que personal laboral de la Agapa acabe desempeñando unas tareas que «corresponden a funcionarios» y Sánchez advierte además a este periódico de que está en riesgo no sólo el sector sino también la salud pública ya que «puede acabar en el mercado pescado que no haya pasado ni los más mínimos controles de seguridad».