La Junta pagará hasta 2,6 millones por auditar la «Administración paralela»
Una gran grieta en el supuesto imperio de la transparencia. Así podría considerarse la bautizada por algunos sindicatos y por la oposición como «Administración paralela», el conjunto de entes –73, sin contar los participados también por otras administraciones, según el último recuento de la propia Junta– que rodea al núcleo del Gobierno autonómico y que escapa a cierto control de la Intervención General andaluza (IGJA). Pero no sólo sostener el anillo societario supone fondos públicos, también auditarlo. El Gobierno andaluz, en concreto la Consejería de Hacienda y Administración Pública, ha licitado la contratación para la revisión financiera de las cuentas anuales y de los estados consolidados que, en su caso existan, y cubrir «otras actuaciones obligatorias» a cargo de auditores de ese tipo «sobre las agencias públicas empresariales y sociedades mercantiles del sector público andaluz sometidas a control financiero permanente y sobre los fondos carentes de personalidad jurídica, previstos en el artículo 5.3 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía». El grueso afectado es de 23 empresas y los fondos son 14, algunos de ellos implicados en procesos judiciales como la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) o los Jeremie.
El importe de la contrata es de 1.561.983.47 euros, que sumados a un IVA de 328.016,5, elevan el global hasta los 1.890.000 euros. Aunque el valor estimado es de 2.656.066.09 euros porque se ha establecido la posibilidad de prórroga de dos años, así como la opción de modificar el contrato hasta un 19,99 por ciento, según lo marcado en el pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP) consultado por este periódico. Éste fija que la prestación del servicio se divida en siete bloques, de forma que, con independencia de la valoración de las proposiciones que se obtenga de aplicar los criterios de asignación marcados, ninguna empresa interesada en la cobertura podrá resultar ganadora de partes que, acumuladas, superen el 40 por ciento del total del presupuesto de licitación.
En el lote uno entran la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias y las agencias públicas empresariales sanitarias (APES) Hospital Alto Guadalquivir, Bajo Guadalquivir, Hospital Poniente y Hospital Costa del Sol.
El segundo está integrado por la Agencia de Obra Pública de Junta, la de Puertos de Andalucía y la Agencia de Vivienda y Rehabilitación autonómica.
El tercero afecta a la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, la Pública Empresarial de la Radio y la Televisión regional, el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, Canal Sur Radio y Televisión SA y la Agencia Andaluza del Conocimiento.
El cuarto lo conforman, IDEA, la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo y la Agencia Andaluza de la Energía. Por lo que respecta al quinto, los entes señalados son la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y el Deporte de Andalucía SA, la Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil SA (Inturjoven), la Agencia Andaluza de Promoción Exterior SA y la empresa pública de Gestión de Activos SA. El sexto apartado delimitado pasa por la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (Amaya), la de educación y la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia regional.
Y el último, el séptimo, engloba a los fondos: los de la cartera Jeremie Andalucía, los incentivos para la internacionalización de la economía de la comunidad, el fondo de apoyo a las pymes de industrias culturales, a las pymes turísticas y comerciales, a las agroalimentarias, el de apoyo al desarrollo empresarial, el de impulso de las energías renovables y la eficiencia energética, el fondo de economía sostenible para la región, el vinculado a la generación de espacios productivos, el fondo de avales y garantías a pequeñas y medianas empresas y el hilvanado a la reestructuración financiera de empresas. Y aún falta el fondo para el fomento y la promoción del trabajo, el orientado a emprendedores tecnológicos; y otro para el fomento de la cultura emprendedora en el ámbito universitario.
No habrá dinero procedente de la Unión Europea (UE) para hacer frente al coste de la externalización y en relación a los pagos, se ha previsto una primera anualidad de 617.566 euros para 2018, una segunda en 2019 de 629.917 y una tercera relativa a 2020 de 642.516 euros. Respecto al plazo de ejecución, se tomará como fecha de inicio la de la firma del contrato y como final el 30 de septiembre de 2020. No obstante, se contemplan los siguientes plazos parciales: cada año de vigencia del contrato, las empresas que se hagan con él deberán entregar los informes detallados en el pliego de prescripciones técnicas «en el mes siguiente a que las cuentas anuales formuladas les sean entregadas por los órganos de administración de la entidad auditada», de acuerdo a la documentación que regula la licitación.
La «Administración paralela» dispondrá en las cuentas del Gobierno regional para 2018 de casi 3.450 millones en transferencias y subvenciones, 140 más de lo presupuestado este año, como ya adelantó LA RAZÓN. En torno a ella se han sucedido por parte de varias organizaciones sindicales las denuncias de «opacidad» y por el «despilfarro» que conlleva.