La tutela a las familias reduce la retirada de hijos a sus padres
La prevención frente a la retirada de un niño a su familia. Con esa premisa trabajan los servicios sociales cuando se detecta algún tipo de desatención a menores. «Si hay un riesgo o un maltrato importante, la retirada es inmediata y el primer objetivo es colocarlo con una familia de acogida», explican fuentes de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. Pero ante indicios de abandono, los equipos técnicos –psicólogos y trabajadores sociales– comienzan un programa psicoterapéutico con las familias para intentar que el pequeño permanezca en su hogar. «Los trabajadores sociales son el alma de los barrios. Ellos detectan a familias vulnerables por drogadicción o porque viven con pocos recursos, solo de la pensión de un mayor». Esta labor de prevención se está volviendo, sin embargo, en contra de los chicos que finalmente son declarados en desamparo. «Se está interviniendo para evitar que salgan de su ámbito». El resultado es que pese a que «la sociedad no está pasando por su mejor momento», las circunstancias adversas para las familias no han aumentado la retirada de menores, aunque sí el trabajo con ellas cuando se detectan situaciones de riesgo. Desde la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales insisten en que durante estos años ha habido menos desamparos, aunque existe una cara negativa. «Estamos observando que cada vez entran al sistema con más problemas debido a la situación social que viven. Se desamparan con más edad al alargarse el trabajo preventivo porque lo que prima es el derecho del niño a estar con su familia», explican las mismas fuentes. Al ser mayores, sus probabilidades de ser acogidos temporalmente o adoptados disminuyen. Los centros de menores se convierten en su única opción.
A partir de siete años, las posibilidades de ser adoptados disminuyen, igual que para los grupos de hermanos. «Es un miedo que hay en la gente, aunque ocurre que un niño de cuatro años puede tener más daños emocionales que otro mayor. Lista de espera para adoptar sigue habiendo porque son personas que esperan a un niño pequeño», explican.
El grupo de edad más numeroso que vive en centros son chicos de entre 11 y 15 años, un total de 900; 250 tienen entre 7 y 10 años; y algo menos de un centenar no superan los seis años. Este último grupo queda excluido en el Anteproyecto de Ley de Infancia y Adolescencia de ingresar en uno. La Consejería puntualiza que los más pequeños que se encuentran en acogimiento residencial es por circunstancias particulares como la pertenencia a grupos de hermanos –la prioridad es que se mantengan unidos para que no pierdan ese vínculo– o porque padecen algún tipo de enfermedad o discapacidad. Otras veces ocurre que no hay hogares de acogida disponibles. «Siempre hacen falta familias», insisten desde Igualdad. Cuando la nueva normativa entre en vigor –actualmente se encuentra en período de exposición pública–, los niños hasta seis años solo podrán permanecer excepcionalmente tres meses en un centro; si tienen entre 7 y 12 años, un máximo de seis meses. A partir de los 13 años, los centros se convierten prácticamente en la única opción para ellos, hasta la mayoría de edad.
El primer paso cuando se decreta el desamparo es el acogimiento de urgencia. La motivación de los servicios sociales para retrasar la retirada de la patria potestad viene avalada por las estadísticas: solo el 21% de los niños regresa con su familia biológica después de ese período inicial de seis meses. El acogimiento temporal, por un máximo de dos años, se establece «en aquellos casos en los que se está realizando el diagnóstico de la situación familiar par avalorar la vuelta con los padres o tomar una medida más estable, como sería el acogimiento permanente o la adopción». La acogida permanente «finaliza formalmente con la mayoría de edad» aunque la relación establecida hace que «continúen viviendo de manera indefinida en el hogar de su familia acogedora».
El seguimiento de los niños continúa por parte de la Administración, a quien corresponde la tutela. Por ello, realizan informes de seguimiento cuando comienzan a convivir con una familia, cada tres meses o seis meses en función de la edad. La nueva normativa recoge específicamente el «derecho a ser escuchado». A partir de 12 años es necesario el consentimiento expreso del niño para ser adoptado.