«Me han echado a la calle y denunciaré toda la corrupción que conozco»

Era un funcionario más de la Administración andaluza hasta que decidió prender la mecha del llamado «caso Infoca» en el que se analiza si hubo irregularidades en la asignación de medios aéreos para el combate contra las llamas. Desde entonces le ha dado tiempo a aprender que hay decisiones que abrasan y que tendrá que continuar haciéndole honor a aquel coraje. Le cuesta mirar seguido.

–¿En qué punto se encuentra su conflicto con el Gobierno andaluz, después de que le hayan abierto un segundo expediente disciplinario hace unos días?

–Estoy suspendido de empleo y sueldo como una medida cautelar desde el día siguiente a la incoación del expediente –se lo notificaron el pasado 19–. Se me acusa de acoso laboral, sexual y/o de género hacia dos compañeras. Consideran que, según la denuncia de una de ellas, la he agredido y que en otra mía sobre los mismos hechos contra esa compañera yo vierto expresiones que faltan gravemente, según ellos, al honor de ambas.

–Conoce el contenido del acuerdo en el que la Junta basa su decisión y que incluye frases duras que hablan incluso de una hipotética violación, ¿lo comparte?

–Por supuesto que no. No he agredido a la compañera y las expresiones que empleé en mi denuncia fueron para que se entendiera que de lo que me acusaba era completamente imposible y falso. Además, no procede que de unos hechos supuestamente injuriosos o de una agresión deriven que hay un acoso laboral.

–Ya le incoaron otro expediente en 2015 que acabó ganando en los tribunales, ¿confía en que en este caso suceda lo mismo?

–Ése es mi deseo, pero lo contencioso-administrativo es una lotería. Hay jueces que son pro Junta, otros que no, y como tienen la potestad de interpretar el derecho, puede ocurrir cualquier cosa. Lo que es cierto es que ir a los tribunales me supone un coste.

–Denunció el «caso Infoca» y un juzgado abrió un proceso, amplió la denuncia y el órgano judicial arrancó otra causa para investigar contrataciones de la Junta ligadas al transporte sanitario, ¿habrá más iniciativas de ese tipo?

–Muchísimas más.

–Podría concretar algo...

–Me trasladaron forzosamente al servicio de contratación de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio al que no quería ir porque es «vox populi» que se comete fraude de todo tipo en los servicios de contratación de la Junta. Llegué allí y la primera cosa que me pusieron por delante era un caso flagrante de corrupción. Entonces no pasó nada porque tenía una jefa de servicio que se hacía responsable y firmaba ella, pero cuando la cesaron y llegó mi actual jefe pretendió que todos firmáramos lo que él quisiera y ahí vino el conflicto. Yo me negué. He tenido acceso a contratos fraudulentos y en mi ampliación de denuncia de abril de 2017 expuse ejemplos al juzgado.

–Se refiere a la ampliación de denuncia del «caso Infoca» que mencionaba antes, pero en ella no se aportaban datos claros, más allá de la referencia a contratos de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) dependiente de la Consejería de Salud...

–Apunté pero no denuncié realmente. La contratación pública mueve el 18,5 por ciento del Producto Interior bruto (PIB) español y organismos oficiales dicen que un 25 por ciento del mismo es fraudulento. Tengo conocimiento de que existe una corrupción institucionalizada y de casos más flagrantes que el del Infoca, que era lo menos grosero de lo que había visto cuando lo llevé al juzgado. Me han echado a la calle y para defenderme voy a denunciar toda la corrupción que conozco.

–¿Cada caso por separado?

–Claro. Tenemos para rato porque hay una mafia. Estuve un año entero diciéndole a mi jefe de servicio actual que no quería meterme en ningún lío y pidiéndole que no me obligara a firmar nada, pero él y otros cargos de la consejería, me dijeron que o lo hacía o no podía trabajar en la Junta. Me incoaron el primer expediente disciplinario con la intención de asustarme y de intimidarme, el que gané en los tribunales. No les bastaba con que yo trabajara como querían y me callara, sino que pretendían obligarme a meterme en esa mafia. Si por las buenas no he conseguido que me dejen tranquilo, entiendo que la única salida que me queda es hacerlo por las malas, denunciando todo lo que han hecho. Quizá cuando se den cuenta del gran perjuicio que les puedo ocasionar, lo consiga.

–Pero tiene compañeros de trabajo que no parecen secundarle en sus quejas, ¿sólo a usted lo han obligado a rubricar papeles?

–Ellos han firmado lo que les han dicho, aunque al principio no querían. El problema ahora es que me la tienen jurada porque si denuncio lo que he detectado, están implicados. Mi jefe ha conseguido poner a todos los compañeros en mi contra porque están histéricos, entre ellos las compañeras a las que dicen que he ofendido.

–Forma parte de una alianza contra la corrupción que integran varios denunciantes de procesos judiciales, ¿qué pretenden lograr con ella? ¿Cuál es su objetivo?

–Casi todos los que la integramos estamos asediados por acosos laborales y querellas de todo tipo y tenemos poco tiempo para dedicarle. Pero nuestra idea es constituir una asociación formal a la que las personas que estén en nuestra situación puedan acudir, que sea como una sociedad de auxilio mutuo, como la caja común que antiguamente abrían los sindicatos para que se pusiera dinero y ayudar a los huelguistas que lo necesitaban. Hay expertos en contratación, en subvenciones, en derecho laboral, administración local, minería... y queremos ayudar a que denunciantes de corrupción no lo pasen tan mal como nosotros en el fututo.

–¿Qué opina de la oficina «antifraude» que ha diseñado el Ejecutivo regional?

–Como la corrupción es sistemática y generalizada ninguna administración va a hacerse el harakiri. La oficina de la Junta no va a funcionar porque está mal estructurada desde su constitución, desde el proyecto de oficina. Para luchar contra la corrupción no puedes crear una oficina que dependa de los que posiblemente sean los corruptos. Va herida de muerte desde su nacimiento o su concepción, y tiene un vicio de ineficiencia. Es evidente que no funcionará.

–¿No se ha planteado nunca pedir el traslado para trabajar en otro punto de la administración?

–Si lo hago le habré hecho el trabajo sucio a ellos porque estando en contratación conozco ejemplos de corrupción. Mientras más sepa, más armas tendré para defenderme. Hay organizaciones como Ecologistas en Acción y otras que me apoyan, pero la primera defensa es la auto defensa. En un mundo en el que realmente no hay justicia ni derecho y es todo una pantomima, mera apariencia, la mejor defensa que tengo soy yo. ¿Puedo poner un ejemplo sobre esto?

–Adelante.

–Una vez me paró un guardia civil y me preguntó que qué hacía en mi coche un palo que llevaba. Le comenté que era para defenderme y me dijo que para eso estaban ellos y que si me pasaba algo los llamara. Le repliqué que si me intentaban atracar o agredir no me iba a poner a llamarlos, que primero cogería el palo y luego ya los avisaría. El guardia acabó riéndose y me dio la razón. Esto es igual, puedo pedir ayuda a mi familia o a amigos, pero mi defensa está en contratación donde se puede ver el gran movimiento de dinero que hay en la Junta. Mientras siga allí pueden venir a por mí, como ahora, pero más daño voy a hacerles yo. Lo del Infoca se va a quedar pequeño...