El enfrentamiento entre la magistrada, la Fiscalía y el PP-A se recrudece
Las diferencias de criterio en torno a la Instrucción de los distintos casos se evidencian no sólo en el enfrentamiento abierto entre la acusación particular que ejerce el PP-A y la jueza María Núñez Bolaños, sino también con el Ministerio Público. La magistrada, a la que se le cuestiona la división de las macrocausas en contra del criterio de su antecesora, ha rechazado recientemente la recusación de los populares por tener a una cuñada trabajando en la agencia IDEA y, asimismo, ha criticado en sus autos que la Fiscalía pida «volver a la instrucción» de Alaya y crear una «incontrolable» macrocausa.
El descontento de las partes que conforman la acusación es notorio, a diferencia de la Junta. La propia magistrada ha puesto negro sobre blanco que «es cierto que el modo de comprender la forma en la que ha de llevarse la instrucción es diametralmente opuesta a la iniciada en 2014», cuando la titular del juzgado era Alaya y las tensiones por supuesta «indefensión» provenían de las defensas.
Tales son las diferencias, desde el principio, incluso en el trato personal, que Núñez Bolaños fue tachada por las partes como la «anti Alaya». Otra de las diferencias acuciantes ha sido el paso de los presuntos intrusos de los ERE de investigados a posibles víctimas. La anterior supuesta desmesura a la hora de abrir casos, al punto de considerarse la investigación como «una causa general» contra la Junta, se ha convertido en un archivo constante de piezas. Los críticos con la magistrada, igual que la propia Alaya cuando fue sustituida, le achacan a Núñez su inexperiencia por su procedencia como jueza de familia. Su anterior destino, no obstante, es semejante, por ejemplo, al del actual ministro de Interior y ex líder del PP andaluz y sevillano, Juan Ignacio Zoido. La crítica de más calado a Núñez la señaló la propia Mercedes Alaya, por su afinidad al ex consejero de Justicia Emilio de Llera, quien señaló que, dada su amplia trayectoria, es amigo y conoce «a todo el mundo». Los detractores de Núñez Bolaños manejan la especie de que su actual destino responde al objetivo de cerrar con el menor perjuicio posible para la Junta las causas abiertas por Alaya, quien puso el foco en los mismísimos ex presidentes Chaves y Griñán, cuyo juicio arranca en diciembre.
El PP-A chocó de inicio con Núñez Bolaños a cuenta de la petición de las grabaciones de los cursos de formación. La recusación administrativa planteada entonces fue rechazada por el Consejo General del Poder Judicial. El PP-A ha planteado ahora un incidente de recusación para expulsar a la jueza de la causa en la que se indaga sobre las transferencias de IDEA, debido a que su cuñada trabaja como técnico de control en la agencia. El juzgado no ha admitido la recusación alegando que el PP-A «no es parte» en la causa, ya que no se ha resuelto el recurso por el que se instaba a los populares a abonar una fianza de 30.000 euros para ejercer la acusación. Núñez Bolaños criticó entonces los «falaces argumentos» de los populares contra la fianza. El PP-A alega que con el desmembramiento del caso, «el total que precisaría para ejercer la acción popular sería de más de seis millones». Núñez Bolaños también ha criticado la dilación en el proceso por «las infundadas alegaciones» de los populares. A la Fiscalía, por su parte, le ha achacado en varios autos que la «amplitud en la investigación» solicitada «nos situaría en un ámbito de actuación no permitido en cuanto no puede practicarse, como hemos indicado, una ‘inquisitio generalis’». Y seguía: «Como dice el Ministerio Público, usar la figura de los avales como medio para hacer llegar de modo ilícito fondos públicos en favor de determinadas empresas evitando como señala la Audiencia en autos dictados en esta causa una ‘inquisitio generalis’ a lo que nos llevaría traer todos los expedientes y toda la documentación que se solicitan sin haber concretado aún la posible existencia de ilícito penal». Núñez ha rechazado «una instrucción ‘prospectiva’, destinada a investigar de manera general y no concreta las actividades de una persona sin un mínimo fundamento de su posible vinculación con un ilícito penal». La jueza también ha criticado que «este tipo de petición genérica no hace sino crear mayor complejidad innecesaria en una causa ya de considerable entidad». Núñez ha señalado que «decidir en este momento qué documentación es relevante resulta precipitado, puesto que por ahora trabajamos sobre una hipótesis elaborada por la UCO que partiendo de lo que consideran irregularidades administrativas sostienen la existencia de una irregular financiación».