Reclaman a la Junta datos sobre el agujero negro de sus asesores en nómina
La transparencia de la Junta de Andalucía es aún de baja intensidad en algunos aspectos. El número de puestos de confianza que atesora la Administración autonómica en su conjunto y algunas otras cuestiones vinculadas a ese colectivo de trabajadores constituyen un ejemplo. Y ello, pese a que en el artículo 12 del Estatuto Básico del Empleado Público se establece que el máximo al que puedan llegar y sus «condiciones retributivas» serán «públicas». En esta misma norma se fija que ese personal eventual lo es «en virtud de nombramiento y con carácter no permanente», y que sólo podrá llevar a cabo «funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial». Sus nóminas se les pagarán, de acuerdo a lo marcado en el mencionado estatuto, «con cargo a los créditos presupuestarios consignados para este fin».
Por ese agujero negro, las personas englobables en la categoría de asesores que cada día trabajan en la órbita del Gobierno regional, se ha interesado ahora la parlamentaria andaluza no adscrita Carmen Prieto. Ha planteado en concreto un interrogante en torno a ese asunto, dirigido a la Mesa de la institución y para que sea respondido de manera oral en el pleno de la Cámara.
En la exposición de motivos de la misma, consultada por LA RAZÓN, la diputada pone la lupa en que en la página web de transparencia que sustenta el Gobierno autonómico «no existe información sobre los asesores/eventuales contratados por los distintos órganos de la Junta», de los cuales, añade Prieto, se desconocen «sus nombres, sus funciones, sus remuneraciones», el «currículum laboral y académico» con el que cuentan o si son «idóneos» o no para los diversos cargos que ocupan. Una vez dejada constancia de esa laguna de datos, que no es exclusiva de la Administración andaluza, la parlamentaria pregunta «por qué no existe información sobre los asesores/eventuales» del Ejecutivo regional en el sitio web oficial de éste, en él que sí se ofrecen referencias, en cambio, de los altos cargos y directivos de nivel superior de los que se apunta su nombre y apellidos, el puesto que desempeñan y el centro u organismo al que están adscritos. Al cierre de esta edición, y a la luz de la información en teoría actualizada que se facilita en el portal de transparencia, el global de ese grupo ascendía a las 260 personas. Una cifra lejana todavía de las 211 a las que, según anunció en el verano de 2015 el entonces portavoz del Ejecutivo, Miguel Ángel Vázquez, se reducirían siguiendo las directrices perfiladas por la jefa del Gobierno autonómico, la socialista Susana Díaz.