La Fiscalía pide cinco años de cárcel para Luciano Alonso
El Tribunal Supremo (TS) dificultó al ex consejero de Educación, Cultura y Deporte de la Junta Luciano Alonso el poder deshacerse de la etiqueta de investigado. Hace unas semanas ordenó al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que lo juzgara por un presunto delito de falsedad en documento público en la causa judicial abierta por que se nombrara como director del Centro Andaluz del Flamenco (CAF) a quien admitió no haber pisado nunca las instalaciones de éste en Jerez de la Frontera (Cádiz), Luis Guerrero; y a los sucesivos directores de la Filmoteca de Andalucía Alejandro J. Cárdenas y María Centeno, eventuales que trabajaron en Sevilla pese a tener el mencionado organismo la sede en Córdoba. En el ámbito de la misma, el TSJA dictaminó que Alonso no había prevaricado, pero el Supremo lo colocó de facto en el banquillo de los acusados otra vez al estimar de forma parcial un recurso de la Fiscalía. Ésta solicitó ayer para el ex consejero andaluz una pena de cinco años de cárcel por el presunto delito de falsedad, que extendió no sólo a los nombramientos del personal mencionado sino también a sus ceses, más cinco años de inhabilitación y una multa cifrada en 12.000 euros, al elevar a definitivas sus conclusiones en la vista que se celebró por este asunto en la Sala Civil y Penal del Alto Tribunal regional, según confirmaron a LA RAZÓN fuentes judiciales.
El Ministerio Público basó su petición en una convicción: considera que las órdenes que firmó Alonso en las que se soportaban los nombramientos de cargos de confianza para la Consejería de Cultura entre 2012 y 2015 –los bautizados por algunos sindicatos como «contratados a dedo»–, no se ajustaban a la realidad, «eran falsas» y suponían una suerte de documentos simulados o falaces. La sesión se centró en esencia en las exposiciones armadas por el representante de la Fiscalía y por la defensa del ex titular de Cultura, quien abogó por que se dicte para su cliente una nueva sentencia absolutoria, al considerar «absurda» la acusación que pesa contra él. El abogado de Alonso desplegó un rosario de argumentos para rechazar las acusaciones levantadas por el Ministerio Público negando que hubiera recurrido al «enchufismo» o al «amiguismo» para nombrar a empleados de la consejería que capitaneó y recordó que ya había sido liberado de las sospechas de prevaricación tanto por el propio TSJA como por el Tribunal Supremo, según relataron a este periódico las mismas fuentes consultadas.
Durante el juicio, que presidió el presidente del Alto Trubunal andaluz, Lorenzo del Río, Alonso optó por no declarar y por no hacer uso de su derecho a la última palabra, aunque a la salida de las instalaciones del TSJA sí quiso dejar claro que confía en la Justicia, a la luz de lo recogido por las agencias. Unas palabras sacadas con alfileres a las que luego sumó, a través de un comunicado que «sólo espera» que termine el proceso y que, como en el caso del delito de prevaricación, el «resultado final» sea una sentencia «absolutoria y definitiva». En relación a la pena de cinco años de prisión puesta encima de la mesa por la Fiscalía, el ex consejero recordó que es «la misma» que ya solicitó «cuando el tribunal entendió que se trataba de una acusación sorpresiva».
Para Alonso, esa demanda de un lustro de prisión «se hace obviando que debe sujetarse por indicación imperativa de la sentencia del Tribunal Supremo a los hechos fijados con anterioridad, en los que no hacía mención alguna a ningún documento falso».
Ya el pasado enero, durante el primer juicio, el ex titular de Cultura se exculpó al afirmar que no intervino en el procedimiento puramente administrativo por el que se nombró en concreto a Guerrero y que nunca se le trasladó su «encaje» como director del Centro Andaluz del Flamenco, un puesto que, dijo, no supo que ostentaba en «toda la legislatura». De hecho, afirmó haberse enterado de ello por la prensa y se justificó aludiendo a la ingente cantidad de cuestiones a las que debe atender un consejero, que le impedía conocer esos procesos contractuales.